El Gobierno, con la inestimable ayuda de las derechas y sus medios de comunicación, está logrando instalar la percepción generalizada de que penaliza a los ricos con el propósito de ayudar a que los grupos de renta baja sobrelleven el brote inflacionario que tanto nos ha empobrecido a todos. Algo que, si fuese verdad, acaso resultaría digno de elogio y aplauso. Pero no lo es. Y tan no lo es que la política gubernamental consiste en justo lo contrario. De hecho, prioriza a toda costa que el grupo de los españoles más ricos mantenga su poder de compra en medio de la tormenta de los precios, al tiempo que reclama sacrificios al resto de la sociedad.
Por lo demás, que una discriminación tan manifiestamente obvia a favor de la cohorte de los ricos no sea denunciada por ningún partido de la oposición, empezando por el PP, obedece a una explicación lógica no menos obvia. Ocurre que en España la riqueza la poseemos, y de forma abrumadoramente mayoritaria, los mayores de sesenta años. Un grupo, ese, del que forma parte a su vez el 25% del censo electoral integrado por los pensionistas y jubilados. En España, pues, los viejos no sólo controlamos el poder económico, sino que también controlamos el poder político por la vía del voto.
De ahí que Feijóo y Abascal callen como muertos ante el despropósito de que a ningún trabajador activo, ya sea funcionario u opere en el sector privado, se le vaya a compensar, pero ni de lejos, por el quebranto adquisitivo fruto de la inflación, mientras que las pensiones van a subir un disparatado 9% a partir de enero de 2023. Así, sobre un tupido manto de silencios medrosos, cuela el esquizofrénico discurso oficial, ese según el cual supone un enorme esfuerzo para las arcas públicas subirles un 3,5% la nómina a 2,7 millones de funcionarios, pero no pasa absolutamente nada por casi triplicar el porcentaje en el caso de los 10 millones de pensionistas / votantes. Eso sí es populismo fiscal, y del más obsceno e irresponsable. Pero los otros, mudos y de perfil.