El gobierno de Sánchez —está en boca de todos— ha decidido revalorizar las pensiones de acuerdo con el criterio legal aprobado por las Cortes Generales durante su mandato; es decir, teniendo en cuenta la tasa de inflación del mes de noviembre, que se presume se ubicará en el 8,5 por ciento. Una decisión de esta naturaleza podría haber sido discutida desde la perspectiva de la gestión de la política macroeconómica, pues en la actual coyuntura y con la crisis que se vislumbra en el futuro inmediato, tal vez hubiese sido más prudente rebajar el mencionado porcentaje para tensionar lo menos posible el desequilibrio de las cuentas presupuestarias encaminándolas hacia una senda de estabilidad. Sin embargo, lejos de situar el debate en el terreno de los macroeconomistas —a los que, por cierto, casi nadie entiende—, como ha hecho el Banco de España, la derecha se ha volcado sobre la procelosa arena redistributiva.
Las discusiones redistributivas suelen apelar a los sentimientos de solidaridad entre los ciudadanos y a una difusa idea de justicia construida sobre el falaz argumento de que ésta se logra cuando todos somos materialmente iguales —descartando, de paso, que la igualdad se fundamente sobre la identidad de derechos y obligaciones para todos, de manera que ante la ley no se justifique ningún privilegio—. Es curioso que, en el debate actual, la izquierda haya querido situar su posición en el sistema fiscal arbitrando nuevos impuestos sobre los poderosos —o sea, las empresas eléctricas y los bancos— y sobre los ricos, pues todos sabemos que la capacidad redistributiva de los tributos es unas diez veces inferior a la de las prestaciones monetarias del Estado del Bienestar, cuya primacía está precisamente en las pensiones. En cambio, la derecha se ha centrado en estas últimas, discutiendo el criterio de revalorización sobre supuestas razones de equidad distributiva. El argumento de la derecha es, en esencia el siguiente: con el dinero de todos no es justo subir todas las pensiones (contributivas) por igual, pues los que cobran la pensión más baja reciben aproximadamente tres veces y media menos que los que tienen la pensión más alta.
Este argumento es falaz e incompleto. Falaz porque no es cierto que las pensiones (contributivas) se paguen con el dinero de todos, pues quienes soportan la carga de las cotizaciones que las financian son los trabajadores asalariados —y las empresas que los emplean—, así como los trabajadores autónomos. No es el dinero de todos el que entra en las nóminas de los pensionistas, sino más bien el dinero de los trabajadores en activo, de la misma manera que, antes de jubilarse, era el dinero de los actualmente jubilados el que financiaba las pensiones de quienes entonces estaba retirados. A la derecha parece que se le ha olvidado que, ya desde los años sesenta del siglo pasado, nuestro sistema de pensiones es un sistema de reparto en el que son las cotizaciones actuales a la Seguridad Social las que pagan las retribuciones de los pensionistas. Y tal vez se le haya olvidado también que este sistema se estableció para solventar el fracaso del sistema de capitalización que existía con anterioridad.
Y es incompleto porque, siendo cierto que no todos los jubilados reciben la misma pensión, ello es así porque existe un principio de proporcionalidad entre las cotizaciones y las prestaciones de la Seguridad Social —en el caso que nos ocupa, entre cotizaciones y pensiones—. O sea, los pensionistas que están en escalón inferior de la prestación son los que menos han cotizado —porque sus salarios eran bajos— y los que se ubican en el escalón superior son los que más han cotizado —porque sus salarios eran altos—. Por cierto, conviene añadir que, para estos últimos, la cotización tiene un tope superior, de manera que su tasa de reemplazo —o sea, la proporción que supone la pensión sobre su último salario cuando estaban en activo— está por debajo del 60 por ciento, mientras que para aquellos supera el 80 por ciento. Quiere esto decir que los pensionistas cuyo salario cuando estaban en activo era inferior al tope de cotización, están mejor tratados por el sistema de Seguridad Social que los pensionistas que cobran la pensión máxima.
Pues bien, el criterio forjado ahora por la derecha para afrontar el debate presupuestario, según el cual sólo deben revalorizarse las pensiones más bajas y en ningún caso las máximas, lo que hace es romper ese principio de proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones en detrimento de los pensionistas que cobran estas últimas. En términos económicos su propuesta sería equivalente a establecimiento de un impuesto del 8,5 por ciento sobre la renta percibida de la Seguridad Social por estos pensionistas. Note el lector que esto va en contra del argumento que esa misma derecha esgrime acerca de que los impuestos a los ricos son pura demagogia y carecen de efectos redistributivos significativos. Con el agravante, en este caso, de que se consideran ricos a los pensionistas cuya renta es del orden de 40.000 euros al año; un nivel éste que en todo su discurso se identifica con el de la clase media.
En resumen: un disparate. A la derecha más le valdría estudiarse bien los temas económicos en vez de adentrarse por el tempestuoso terreno de la demagogia redistributiva. Y por cierto, no le vendría mal exigir una reforma del sistema de pensiones que corrija su actual desequilibrio financiero, lo que inevitablemente pasaría, aunque sea a su pesar, por alargar la edad laboral y retrasar la de jubilación. Pero esto es ya otro debate que la derecha ha abandonado.