Pedro Sánchez ha disparado la polémica en las altas capas de la Administración con su reforma del sistema de promoción interna del funcionariado. Se trata de un nuevo esquema legal de concesión de las plazas con una mayor carga subjetiva y, por lo tanto, con un mayor dirigismo político. Y uno de los departamentos donde ya se temen lo peor es la Agencia Tributaria. Porque esa selección subjetiva puede llevar al ascenso de inspectores de Hacienda afines con el fin de elevar aún más la recaudación o de, incluso, dirigir la línea de actuación hacia determinados objetivos.
La asociación de Inspectores de Hacienda ha alertado ya del deterioro que "supondrá para la función pública los cambios previstos en el sistema de promoción interna".
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) no comparte el sentido "de las medidas que se plantean dentro de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo sobre el sistema de acceso por promoción interna a la función pública, por lo que supondrán de merma sustancial en la preparación de los futuros funcionarios públicos y la introducción de criterios discrecionales y de subjetividad a la hora de su evaluación".
El comunicado es ya lo suficientemente explícito. Pero lo cierto es que algunos inspectores conocedores del rumbo de esta reforma van más allá y no dudan en hablar del deseo del Gobierno de promocionar a inspectores afines con el fin de tener un mayor manejo de las actuaciones de la Agencia Tributaria: en la línea de lograr una, aún, mayor recaudación fiscal o, incluso, de dirigir el foco de las actuaciones inspectoras.
El colectivo de inspectores de Hacienda afirma que "considera inaceptable que esta reforma se esté gestando sin la participación de los cuerpos superiores del Estado, entre los que están los Inspectores de Hacienda". La asociación de los inspectores, de hecho, ha exigido ya formar parte de ese grupo negociador en el que no están tampoco otros representantes de los cuerpos superiores afectados por estas negociaciones, que componen el cuerpo directivo de la Administración Pública. "Siendo el grupo A1 uno de los grupos más afectados por estas negociaciones, la solución democrática vendría de la mano de su ineludible participación" señalan los inspectores.
En las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, promovidas por el Gobierno a través del departamento de la Función Pública y por los sindicatos más representativos de la Administración General del Estado se está pretendiendo llegar a un acuerdo que permita la "mejora" y "modernización" de los futuros procesos de promoción interna a través de la implantación de "cambios progresivos en el tiempo y radicales en el fondo, pretendiendo que esté finalizado en su primera fase antes de diciembre de 2022", señalan desde la asociación de inspectores.
Pero, entre los "numerosos y preocupantes cambios propuestos se incluye la reducción de temarios y del número de pruebas, la simplificación y valoración de méritos en aquellos casos en los que existe una fase de concurso, y el mayor peso de otras nuevas "competencias" hasta ahora nunca evaluadas para el nuevo puesto al que se opta", añaden los inspectores. En opinión de IHE, ello supondrá "un deterioro en la formación, en el desarrollo del futuro funcionario e influirá en su evaluación y, por tanto, podría suponer un deterioro profundo del servicio público que se presta al ciudadano".
En 2019 se inició, en el seno del entonces Ministerio de Función Pública, un debate sobre el sistema de acceso por oposición a los distintos cuerpos de la AGE, incidiendo el debate en los cuerpos superiores de la Administración que, sin embargo, han sido ignorados y mantenidos al margen de estas conversaciones, pese a haber solicitado formalmente y de forma insistente formar parte de éstas.
Las conversaciones, manifestaciones y los documentos emitidos por este Ministerio de Función Pública desde ese momento han puesto el acento en que el sistema se consideraba obsoleto, no captaba talento y se centraba, fundamentalmente, en conocimientos más teóricos que prácticos, sin tener en consideración otro tipo de competencias que sí incluían los sistemas de acceso de otro tipo de organizaciones.
Las pruebas de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado se han ido actualizando a lo largo del tiempo y se componen actualmente de una amalgama de pruebas teóricas y prácticas, escritas y orales, que se completan con "un exigente curso posterior y selectivo que es ejemplo de practicidad y modernidad entre todos los que existen en la Administración General del Estado" destacan los inspectores.
"Es evidente que la Función Pública se enfrenta a un proceso de renovación. El dato que apunta a que en los próximos 10 años se jubilará el 50 % de la plantilla de empleados públicos es alarmante y, sin duda, necesita de una intervención amplia, decidida y planificada en los procesos de selección", admiten desde la asociación. Pero "esa intervención debe ser selectiva, y debe contribuir a solucionar los problemas de los distintos procesos selectivos", no a permitir una rebaja de la calidad y del control político, señalan algunos inspectores contactados por Libertad Digital.