La compra online y las entregas a domicilio ha hecho cada vez más frecuente que las empresas de mensajería busquen distintas alternativas cuando el destinatario no se encuentra en su domicilio. Hace tiempo se crearon los buzones inteligentes, que pueden verse en los centros comerciales y otros puntos concurridos, pero otra alternativa suele residir en dejar el paquete al vecino, o en su defecto esconderlo por algún lugar de la entrada. Sin embargo, esto parece que ha llegado a su fin, o al menos eso invita a pensar la última resolución judicial que ha terminado en multa contra UPS.
Y es que, la Agencia Española de Protección de Datos interpreta que el hecho de dejar el paquete en casa del vecino supone una doble infracción grave de la actual legislación. De hecho, ha sancionado a la compañía UPS con una multa de 70.000 euros por la entrega de un paquete de MediaMarkt a un vecino del destinatario. Así las cosas, la AEPD entiende que se ha infringido la norma de la confidencialidad y también la de la seguridad. Y por tanto, impone dos sanciones diferentes que suponen una multa final de 70.0000 euros contra UPS.
No es definitivo
Sin embargo, UPS está ahora mismo estudiando si deben recurrir la sanción o deben pagar la multa. De hacerlo rápido tendrían un 20% de descuento, por lo que tendrían que abonar 56.000 euros, en lugar de 70.000. No parece clara la segunda opción, ya que según diferentes expertos legales es una sanción desproporcionada en la que, probablemente, los tribunales tengan algo que decir.
"Estamos hablando de una sanción muy dura por una cuestión que no tiene que ver con protección de datos, sino con la ley postal universal. Tampoco se aprecia mala fe. Los datos que supuestamente se vulneran relacionados con la confidencialidad están en el buzón de esa vivienda. Los vecinos pueden saber fácilmente quién vive en cada piso: basta bajar al vestíbulo y leer los buzones", explica José Leandro Núñez, socio de la boutique legal Audens al portal Economist & Jurist.
Por tanto, los expertos esperan que esto termine en la Audiencia Nacional para que se tenga una visión judicial clara que podría cambiar el ‘modus operandi’ de muchas compañías de reparto.