En los últimos días se ha reavivado la discusión acerca de la "memoria histórica". La exhumación de Queipo de Llano en Sevilla, la inauguración de una estatua de Millán Astray en Madrid y los cruces de declaraciones entre los principales dirigentes de PP y PSOE han vuelto a poner encima de la mesa estos viejos debates sobre el pasado de nuestro país.
La izquierda política y mediática suele argumentar a este respecto que, si bien el periodo de transición a la democracia fue efectivo en algunos aspectos, no sirvió para abordar la cuestión de las compensaciones o reparaciones. Sin embargo, un análisis frío a los datos muestra que, lejos de ser este un asunto desatendido, hablamos de un campo en el que las instituciones democráticas han invertido importantísimas cantidades de dinero.
El Informe General de la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo señaló en 2006 que, desde 1978 hasta 2005, las Administraciones Públicas de nuestro país han destinado un total de 16.356 millones de euros a una amplia gama de medidas de compensación y reparación, articuladas mediante pensiones, indemnizaciones y otras ayudas..
Más recientemente, el ministerio de Presidencia, que en la actualidad dirige Félix Bolaños, actualizó esta cifra y apuntó que, desde 1978 hasta 2021, estos desembolsos han alcanzado la cifra de 21.600 millones de euros. Por tanto, en los tres últimos lustros se han venido movilizando cerca de 330 millones de euros al año para financiar estos desembolsos.
Si tenemos en cuenta que Zapatero aprobó a Ley de la Memoria Histórica en 2007, ya se abrían repartido una media de 17.000 millones sin necesidad de reabir la polémica de la Memoria Histórica.
La memoria publicada en 2005 señalaba que, desde 1978 hasta entonces, se había reconocido a 513.000 beneficiarios de estas pensiones, compensaciones y reparaciones. De esos 513.000 beneficiarios, 95.934 seguían percibiendo algún tipo de ayuda en 2005, mientras que al resto ya se les había entregado todo el dinero procedente.
La lista de colectivos incluye a los grupos que se citan a continuación y abarca la cifra de beneficiarios recogida entre paréntesis:
- Funcionarios civiles (49.000),
- Militares profesionales y familiares (60.000),
- Militares no profesionales y familiares (140.000),
- Familiares de fallecidos o desaparecidos (110.000),
- Ex combatientes mutilados (55.000) y familiares (40.000),
- Mutilados civiles/no combatientes (59.000) y familiares (727).
Por otro lado, los últimos datos que ha facilitado el ministerio de Presidencia del actual gobierno de España elevan de 513.000 a 608.000 el número de beneficiarios a los que se les ha reconocido este tipo de pensiones, ayudas compensaciones o reparaciones, de modo que se ha producido un incremento de 95.000 receptores entre los años 2005 y 2021.
Resulta interesante, por tanto, comprobar que la retórica que a veces escuchamos sobre el supuesto olvido institucional de estas cuestiones choca con el fuerte desembolso que han realizado las Administraciones Públicas desde 1978 hasta hoy para financiar estas acciones de reparación o compensación.
De hecho, llama la atención que el grueso de las ayudas se desembolsaran antes de la Ley de Memoria Histórica, que data de 2007, o de la Ley de Memoria Democrática, aprobada este mismo 2022, lo que vendría a poner de manifiesto que, si bien estas piezas legislativas no han logrado generar un consenso sociopolítico, lo cierto es que las instituciones de nuestro país llevan décadas actuando en el frente de las ayudas, pensiones, reparaciones y compensaciones y, por tanto, no cabe seguir afirmando que esta cuestión ha sido ignorada a lo largo de los más de cuarenta años de historia democrática de nuestro país, durante los cuales estas políticas se han continuado con gobiernos de todo signo.