Son las grandes auditoras. Multinacionales de la consultoría que se llevan millonarios contratos de las grandes empresas del mundo a quienes auditan sus cuentas y ofrecen servicios de consultoría en las distintas áreas de actividad que desarrollan, ya sean financieras, legales o de seguros.
Hablamos de Price Waterhouse Coopers (PWC), Ernst & Young (E&Y), Deloitte y KPMG. Forman el club de las conocidas "Big Four" al que intenta entrar con ahínco la considerada quinta por tamaño: Grant Thornton.
Su prestigio en el sector es evidente y no suelen ocupar muchos titulares, salvo en la infinidad de eventos que patrocinan con los medios de comunicación en diversos desayunos, mesas redondas, jornadas o premios. No es raro encontrar en la agenda de previsiones que llegan a las redacciones de toda España, prácticamente un acto diario patrocinado por alguna de estas grandes auditoras, lo que les coloca en una sintonía especial con distintas cabeceras.
Sin embargo, ni el prestigio ni su falta de crítica mediática están justificadas. El punto débil de estas compañías radica en su mismo modelo de negocio: cobran de aquellas empresas a las que auditan. Es decir, que salvo que encuentren flagrantes errores incorregibles, se antoja complicado que puedan ocasionarle grandes problemas a aquellas firmas que contratan sus servicios por sumas millonarias.
El escándalo que esto supone se hizo evidente cuando estalló la crisis subprime en 2008. Y fue más que evidente porque los escándalos que sucedieron al estallido de la crisis subprime y la posterior crisis financiera produjo tensiones en distintas entidades que no fueron adviertidas por estas caras consultoras: KPMG no advirtió los problemas de la CAM, ni Deloitte los de Bankia, Catalunya Caixa o Novacaixagalicia, ni tampoco PWC los problemas en Banco Popular. ¡En Banco Popular! Que se vendió por un euro haciendo perder todo a sus accionistas sólo unas horas después de que hasta el propio Luis de Guindos dijera que se trataba de una empresa sólida.
Más incentivos para el escándalo
Fue el propio Luis de Guindos quien en 2015 introdujo una reforma en la Ley de Auditoría para evitar que los incentivos de las Big Four fueran tan perversos . Lo que hizo fue limitar a 10 años la duración de los contratos entre auditora y cliente. Pasado ese tiempo, la compañía tendría que sacar a concurso, las labores de auditoría y excluiría del mismo a la que había estado prestando ese servicio hasta el momento. Esto incentiva la competencia y evita el pago de favores. Pero no del todo.
Pues bien, Pedro Sánchez, en una de las enmiendas negociadas de los presupuestos, ha introducido una nueva reforma de esta Ley para deshacer la estrategia Guidos y reforzar el poder de las auditoras en las compañías. La duración de los contratos podrá alargarse hasta 14 años y podrán volver a ser contratadas por otro periodo, lo que permite que una misma auditora pueda prestar servicios a la misma empresa por más de 20 años.
El Registro de Economistas Auditores (REA) ha puesto el grito en el cielo: "El REA ha advertido sobre los peligros de esta segunda opción –10 años mediante una convocatoria pública de ofertas–, habida cuenta de que, si el concurso lo ganase la misma firma que ya auditaba a determinada entidad del sector público –lo que podría ser bastante probable al tener un conocimiento profundo de la misma–, dicha firma se perpetuaría en el cargo durante 20 años afectando gravemente a su independencia", advierte.
Los escándalos de las auditoras
Así pues, se perpetúa y fortalece el escándalo que derivó en la falta de celo de estas compañías a la hora de analizar las cuentas de sus clientes y que ha derivado en grandes escándalos.
Sin ir más lejos, hace un par de años Deloitte fue condenada en Reino Unido por una auditoría fraudulenta al antiguo grupo tecnológico Autonomy, que protagonizó uno de los mayores escándalos contables del Reino Unido. La multa ascendió al 20,6 millones de libras.
Price Waterhouse Coopers (PWC) fue multada en 2014 tras terminar una auditoría a un banco japonés, acusada de ayudar a lavar dinero para estados terroristas como Irán o Sudán. Tuvo que pagar 25 millones de dólares.
El año pasado, la firma Ernst & Young (E&Y) sufrió un fuerte revés por el escándalo Wirecard, fintec que asesoró entre 2014 y 2018 y que el paralmento alemán, en una comisión creada ad hoc para el caso, concluyó que "E&Y ignoró claras señales de alarma sobre el fraude" que se escondía detrás de la fintec. Esto le hizo perder muchos clientes en el país germano.
KPMG tampoco se libra. Tal y como recuerda Economía Digital, El desplome de DIA puso a esta compañía en la diana, ya que llevaba auditándola durane más de una década. Anteriormente Banco Popular y Caja de Ahorros del Mediterráneo también pusieron en entredicho la independencia de KPMG, ya que igualmente auditó sus cuentas antes de que tuvieran que desaparecer.