Tras la fuerte subida de la inflación las concesionarias de autopistas de peaje han planteado al Ministerio de Transportes aplicar una subida en el precio ajustada al IPC. Esto supondría un aumento del 8,4% que podría empezar a aplicarse a partir del próximo 1 de enero.
Según han señalado a EFE fuentes ministeriales, el departamento de Raquel Sánchez está analizando diferentes alternativas para definir la subida final de los peajes en 2023, contando con "el complicado momento internacional de precios elevados de la energía, que afectan principalmente a la movilidad y la vocación de afrontar la espiral inflacionista". Y es que, el Gobierno está estudiando diferentes fórmulas dado que son conscientes de que aunque un encarecimiento de las tarifas redundará en un incremento de los ingresos futuros, también puede provocar una caída de los tráficos y tiene además un efecto dañino para la economía. Todo esto, además, después de las presiones del sector del transporte y la sociedad en general por los altos precios del combustible.
Según fuentes de El Economista, una de las fórmulas elegidas por el Gobierno podría ser la aplicación de una subida máxima de un 4% para 2023. La propuesta conllevaría que el Estado tendría que compensar a los operadores la diferencia entre esa cifra y la inflación.
Otra opción que podría plantear el Ministerio podría ser la congelación total o parcial del precio de los peajes, cosa que ya ha hecho con aquellas que revirtieron al Estado que incluye las Radiales 2, 3, 4 y 5, la M-12, la AP-41, la AP-36, la AP-7 Circunvalación de Alicante y la AP7 Cartagena-Vera. A parte, el pasado 14 de diciembre se aprobó en el Congreso instar al Gobierno a la congelación de las autopistas gallegas AP-9 y AP-53 a raíz de una propuesta del Partido Popular dado que ambas vías son dos de las más caras de España en términos de peajes.
Peajes en autovías
Pero por otro lado, y siguiendo el lema "quien paga, lo usa", el Gobierno está planeando instaurar peajes en autovías, un golpe al conductor que podría hacerse realidad en 2024. La excusa del Ejecutivo de Sánchez para aplicar esta estocada a los conductores se cae por su propio peso, ya el Gobierno solo reinvierte en carreteras el 4% de lo que recauda del coche.
Así las cosas, mientras el Ministerio trata de frenar las presiones de las concesionarias y plantea dedicar dinero de los contribuyentes a compensar la subida de la inflación, siguen adelante con la idea de implementar en las autovías españolas un peaje que aumentará la presión sobre todos los conductores. De la misma manera que la solución al alza de los precios de los combustibles fue la subvención parcial del coste, el Gobierno sigue en su línea de pretender frenar el IPC a golpe de presupuesto público.
Peajes dentro de las ciudades
Por otro lado, el Ejecutivo ha dado a conocer los requerimientos para que los ayuntamientos impongan peajes a los conductores en el centro de las ciudades: estos deberán tener un coste similar al de aparcar en un aparcamiento público del mismo municipio.
Así lo ha establecido el Gobierno en su proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación se produjo la semana pasada en el Consejo de Ministros, y que se encuentra ahora en trámite parlamentario con el objetivo de aprobarse definitivamente a lo largo de 2023.
No obstante, la creación de este nueva tasa es opcional para los ayuntamientos, aunque lo que sí será obligatorio ya desde 2023 será que estos establezcan zonas de bajas emisiones si el municipio cuenta con más de 50.000 habitantes.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha mostrado en contra de esta tasa que el Ejecutivo plantea para el centro de las ciudades: "Las zonas de bajas emisiones pretenden adecuar la circulación de vehículos privados por motivos medioambientales, materia en la que no cabe el principio de que se puede contaminar, pero pagando".
Así, los municipios prefieren aplicar otras medidas como establecer moratorias horarias, de días o por episodios de contaminación atmosférica o una combinaciones de todas, prohibiendo la entrada a las ZBE excepto en ciertas ocasiones, pero sin tener que pagar.
También argumentan que el establecimiento de la tasa por contaminar "generará a los alcaldes y a su gobierno una conflictividad social innecesaria". "La creación de nuevas tasas es una materia muy problemática porque conlleva un cierto grado de inseguridad jurídica", añaden en sus alegaciones.
