El entendimiento entre ERC y los socialistas es cada vez más pleno y extenso. Los dirigentes de ambos partidos no sólo están de acuerdo en asaltar el Poder Judicial y torpedear el Tribunal Constitucional. En otros temas de no tanto calado político también hay sintonía, como se puso de manifiesto en el último pleno de la cámara autonómica catalana.
Tras aprobar unos presupuestos para el funcionamiento del Parlament de 66.956.190 euros, un 2,13% más que el año pasado, los grupos de ERC y el PSC sumaron fuerzas para mantener las "indemnizaciones por gastos de viaje y desplazamiento" que reciben todos los diputados fuera del alcance de la Agencia Tributaria.
Esas dietas, auténticos sobresueldos, están libres de impuestos. Los diputados las reciben en función del lugar de residencia declarado y van desde los 16.975 que cobran los parlamentarios de Barcelona y su área metropolitana hasta los 23.895 para aquellos con residencia a más de 190 kilómetros de la sede parlamentaria.
Cada mes los diputados reciben la cantidad proporcional de esas dietas. Los diputados de la CUP exigieron que esos sobresueldos sí que tuvieran que tributar, además de una sustancial rebaja porque entre otras razones se cobran sin tener que mostrar ninguna prueba que acredite los desplazamientos. No hubo acuerdo. De modo que los presupuestos de la cámara que mantienen los sobresueldos fueron aprobados con los votos de ERC y el PSC, la abstención de JxCat, Ciudadanos y el PP, y los votos en contra de Vox, los comunes y la CUP.
"Gesto de austeridad"
El "gesto de austeridad" de socialistas y republicanos ha sido gravar una ínfima parte de esos sobresueldos, en concreto los correspondientes a una mensualidad, aunque la idea inicial era que tales retribuciones estuvieran sujetas a tributación, pero compensando a los diputados con un aumento de sueldo que mantuviera la remuneración total.
La mensualidad afectada por la fiscalidad es de 1.414 euros para los que viven en Barcelona y alrededores y de 1.950 euros para los que viven a más kilómetros de distancia.
En la sesión que aprobó las cuentas del Parlament, la CUP y En Comú Podem destacaron que tales "indemnizaciones" son un "privilegio" que sí debería pasar por Hacienda. Más contundente se mostró el portavoz de Vox, Joan Garriga, que pidió reducir la aportación a los grupos parlamentarios de doce a seis millones y eliminar aparatos como la sindicatura de agravios, el consejo de garantías estatutarias y la sindicatura de cuentas.
El de Cataluña es uno de los parlamentos autonómicos más espléndidos. La actual presidenta, Laura Borràs, suspendida de funciones y a la espera de un juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por prevaricación y falsedad documental, cobra 150.000 euros al año, diez mil menos que su antecesor, el republicano Roger Torrent, con residencia en una localidad gerundense.