Podemos ha exigido una rebaja de los controles que soportan ahora los ayuntamientos con el fin de minimizar la exigencia de reducción del déficit en los contratos públicos locales. Los de Ione Belarra e Irene Montero no han disimulado demasiado y han exigido una reforma legal para poder devaluar el actual principio exigido de estabilidad presupuestaria y poder realizar contratos públicos con los mínimos controles. Podemos prepara su aguinaldo final antes de las elecciones autonómicas y locales.
El partido morado ha presentado una proposición de ley con este propósito. Una que busca dar más poder a los ayuntamientos para firmar contratos públicos con menos controles. Y, en especial, sin la vigilancia actual del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Hay que recordar que el principal foco de poder directo de Podemos es el local y que han reclamado la rebaja de los controles justo en ese área. Es más, sus malas expectativas electorales hacen prever una pérdida de ayuntamientos bajo su control y han solicitado esta reforma justo en el tramo final del actual mandato local y a escasos meses de las nuevas elecciones municipales y autonómicas.
El texto de la proposición de ley presentada señala sin grandes rodeos que "la organización y gestión de los servicios públicos locales y el debate sobre la reinternalización de los mismos es un fenómeno de dimensión europea. En este contexto, es importante no perder de vista la principal hipótesis constitucional en juego, la autonomía local y su vinculación con las decisiones sobre la forma de gestión de los servicios públicos".
Con ese rápido argumento, los morados destacan que "la organización del ente local y su potestad electiva de la modalidad de prestación de servicios está directa e íntimamente relacionada con el derecho constitucionalmente reconocido a la autonomía, y que también reconoce la Carta Europea para la Autonomía Local en su artículo tercero del siguiente literal: "Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las corporaciones locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes".
En resumen, que Podemos considera que los actuales controles sobre los contratos públicos de los ayuntamientos son excesivos. Conclusión que expone ante el legislativo, por cierto, justo mientras se tramita la rebaja de las penas por el delito de malversación, con lo que el resultado final de ambos planteamientos puede desembocar en una clara pérdida de controles sobre el uso del dinero público en la órbita local.
Podemos, pese a ello, afirma que "incluso recientemente, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/14/UE, de 26 de febrero, ha reconocido de forma expresa y taxativamente el principio de libertad de las autoridades nacionales, regionales y locales, para "decidir la mejor manera de gestionar la prestación de servicios", teniendo, eso sí, de garantizar a los ciudadanos "un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad económica".
El partido morado apunta directamente al control del déficit y afirma que "la accesibilidad económica deriva indefectiblemente de la sostenibilidad financiera en la prestación del servicio, y esta sostenibilidad no puede resultar única y exclusivamente del principio de estabilidad presupuestaria que ha evolucionado normativamente desde la reforma del artículo 135 de la CE hacia posiciones limitativas de autonomía financiera y, en consecuencia, de la autonomía política".
Podemos asegura que "no se trata de eliminar los principios de sostenibilidad en la asignación de recursos públicos", pero sí de "adoptar una interpretación no centralista, y que deje de infravalorar el principio de autonomía en la toma de decisiones con respecto a la forma en que se gestionan los servicios públicos reservados".
Los morados no dudan en reconocer que "esta complejidad del procedimiento administrativo para elegir la modalidad de gestión ha dado lugar a un incumplimiento sistemático de las disposiciones que se prevén normativamente, ya que todos los municipios del país ejercen sus competencias en servicios reservados pacíficamente sin haber seguido los procedimientos legalmente establecidos".
Y, por último, Poderos señala que "en consecuencia, el objetivo fundamental de esta ley es establecer las vías necesarias para que las decisiones sobre la forma de gestión de los servicios públicos reservados garanticen la autonomía local, y la potestad de autoorganización de las corporaciones locales". Todo ello, "flexibilizando el procedimiento administrativo para elegir y asumir el servicio, hoy excesivamente burocrático, y sólo ceñido a criterios de estabilidad presupuestaria".
Por todo ello, Podemos quiere que la nueva ley señala la Administración local "podrá gestionar indirectamente, mediante un contrato de concesión de servicios, los servicios de su propiedad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por parte de particulares". Y que "el rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público" sea más rápido y sencillo