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Sánchez eleva el IPC en 1,7 puntos con su tsunami de burocracia y regulación

Cada familia podría ahorrarse 470 euros si el gobierno revirtiese los excesos normativos de los últimos años, según el IEE.

Cada familia podría ahorrarse 470 euros si el gobierno revirtiese los excesos normativos de los últimos años, según el IEE.
Sánchez y Calviño, en el Congreso de los Diputados. | Flickr/CC/Partido Socialista

El Instituto de Estudios Económicos, ampliamente reconocido como uno de los think tanks más influyentes de nuestro país, ha publicado un revelador estudio del marco regulatorio e institucional bajo el cual opera el ámbito del comercio. El documento en cuestión confirma que España como "uno de los países desarrollados con mayores niveles de carga regulatoria", circunstancia provocada por "un exceso normativo y una deficiente calidad institucional".

La regulación aplicada al sector comercial "es peor que la de nuestro entorno, ocupando la posición 27 de 38 países dentro del ranking de la OCDE. En promedio, estamos un 15% por debajo del promedio observado en la Unión Europea. Lo peor de todo, además, es que la tendencia observada en los últimos años arroja un claro deterioro".

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EI IEE ha estimado en un 0,8% del PIB la pérdida de bienestar que supone para la economía española el actual modelo normativo, marcado por la "deficiente calidad institucional en la regulación del comercio. Así, la supresión de estas disfunciones podría aumentar la renta familiar por hogar en un orden de 470 euros al año". Se estima, además, que aplicar medidas de oferta haría que el IPC bajase en 1,7 puntos, pasando del entorno del 6% a niveles inferiores al 4,5%.

El IEE rescata encuestas y sondeos empresariales referidos a la carga económica asociada a las regulaciones económicas. En este sentido, el barómetro del Foro Económico Mundial coloca a España en la posición 114 de un total de 141 países. Solucionar estos problemas elevaría la renta disponible de las familias en 8.840 millones, ayudaría a crear hasta 88.000 nuevos puestos de trabajo y propiciaría una subida de 870 millones de euros en la recaudación tributaria, pero para ello sería preciso introducir reformas varias.

¿Cuáles serían esos cambios? "Dentro de las acciones a acometer para mejorar la calidad institucional de la regulación del comercio en España podemos destacar la agilización y mejora de eficiencia en los procesos administrativos de obtención de licencias y permisos. Entre las acciones se propone reforzar el silencio administrativo positivo y sustituir la autorización previa por declaración responsable. Se debe avanzar en el reconocimiento mutuo de normativas por las comunidades autónomas y armonizar los objetivos de sostenibilidad y de materia de protección de los consumidores a nivel de comunidades autónomas. Además, se debería instaurar una moratoria en el nuevo impuesto relativo a los plásticos de un solo uso que ha entrado en vigor el 1 de enero", explica la organización en su informe.

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