Primero fueron los 1.200 millones del Caso ERE, luego la incipiente investigación del Caso Azud y ahora un nuevo escándalo de presunta corrupción que afecta al PSOE en el ayuntamiento de Santiago de Compostela. El equipo de gobierno municipal del socialista Xosé Sánchez Bugallo habría aprobado el alquiler de una nave a una empresa vinculada con el delegado de Medio Rural, José Manuel Pichel. La decisión habría sido adoptada mediante un contrato "a dedo" formalizado en un acuerdo de la Junta de Gobierno que, a lo largo del último año, habría supuesto el desembolso de 4.900 euros mensuales.
La mercantil en cuestión, Desproi SL, fue constituida en 2006. De acuerdo con la información disponible en el Registro Mercantil, la compañía ha estado tradicionalmente vinculada a altos cargos del PSOE gallego, así como a sindicalistas de centrales como UGT y Uniones Agrarias. Es el caso del propio Pichel, pero también de J. A. González Dacal, que fue aspirante a la alcaldía de Rodeiro, o Rosa Arcas, que ocupa en la actualidad el cargo de Secretaria de Desarrollo Rural en el partido del puño y la rosa.
Pichel abandonó en 2016 su papel como directivo de Desproi SL, pero mantuvo su relación indirecta con la mercantil a través de una sociedad interpuesta, denominada Servicios Técnicos Gaia SL, de la que es el único propietario. Esta firma posee un tercio de las acciones de Desproi SL. Por lo tanto, el político socialista conocía perfectamente la naturaleza de la propiedad del inmueble arrendado por el gobierno compostelano.
El alcalde socialista , Xosé Sánchez Bugallo, reaccionó con nerviosismo ante las primeras informaciones sobre este escándalo de corrupción, instando a los periodistas locales a "dejar de leer lo que dice la oposición". Sin embargo, lo cierto es que su gobierno impulsó este contrato por la vía de urgencia, saltándose el procedimiento abierto y saltándose el informe de la Intervención Municipal que expresó reticencias ante esta mala práctica, que ha supuesto un desembolso acumulado de más de 90.000 euros.
Para colmo, un análisis de las cuentas de Desproi SL revela que el ayuntamiento de Santiago habría incumplido la Ley de Contratos del Sector Público, que impide adjudicar contratos a aquellas sociedades que mantengan deudas con la Agencia Tributaria. En este sentido, las deudas de dicha mercantil con el consistorio compostelano ascendían, a comienzos de 2022, a 172.743,42 euros. Estas abultadas cifras denotan una aparente falta de control en la forma en que se emplea el dinero de todos los santiagueses .
El escándalo de corrupción golpea a Sánchez Bugallo a las puertas de las elecciones de mayo. No hay que olvidar, además, que el alcalde de la ciudad se ha enfrentado recientemente a algunos integrantes de su propio equipo de gobierno, como el concejal Javier Fernández, a quien terminó arrebatando las competencias de Centros Socioculturales, Barrios y Obras. Sánchez Bugallo habría procedido a enfrentarse con Fernández ante los continuos retrasos y fiascos en la ejecución de distintos proyectos de obras, pero finalmente ha sido su figura la que ha terminado señalada y cuestionada por una opinión pública que ahora conoce las informaciones de la Trama Pichel.
No es de extrañar, pues, que las ultimas encuestas publicadas en la prensa gallega sitúen al Partido Popular al frente de la intención de voto. Su candidato, Borja Verea, es un destacado abogado compostelano que ha formado parte, durante la década pasada, del equipo económico de la Xunta de Galicia, bajo el liderazgo de Núñez Feijóo. El auge de su figura contrasta con el desgaste de Sánchez Bugallo, quien ya fue alcalde entre 1998 y 2011, además del actual periodo 2019-2023. El político socialista está cada vez más cuestionado por su gestión y el escándalo de corrupción que ahora sale a la luz solo genera más dudas en torno a su figura.