La UE prohibirá la venta de coches de gasolina o diésel en 2035. Pero sólo para los turismos de los particulares. Porque lo cierto es que la norma será mucho más comprensiva y benévola para los vehículos que utilizan los Gobiernos y administraciones. La mayoría de coches públicos quedarán libres de esta prohibición, y, por lo tanto, también, de los costes de adaptarse a ella. Por lo visto, el objetivo y coste de salvar el planeta debe ser soportado por los particulares.
La lista de exenciones de la prohibición de venta de nuevos vehículos de gasolina o diésel es larga, pero confluye en un beneficiario principal: los organismos públicos. Bruselas señala que "una exención de los objetivos de reducción de CO2 se aplicará a los siguientes vehículos pesados: Fabricantes de pequeños volúmenes".
- Vehículos utilizados con fines mineros, forestales y agrícolas.
- Vehículos diseñados y construidos para su uso por las fuerzas armadas y vehículos de colocación de vías.
- Vehículos diseñados y construidos o adaptados para su uso por la protección civil, los servicios de bomberos y las fuerzas responsables de mantener el orden público, o atención médica urgente.
- Vehículos vocacionales, como camiones de basura.
Estos vehículos no se cuentan para las emisiones medias específicas de CO2 de los fabricantes", especifica la UE.
Traducido: los particulares tendrán que ir cambiando sus coches, furgonetas o camiones con combustibles fósiles de forma mayoritaria a partir de 2035. Pero los organismos públicos se librarán de todos esos costes para las flotas de vehículos pesados de policía, ejército, bomberos, atención médica, servicios forestales, etc.
La UE ha incluido estas aclaraciones en la documentación de desarrollo de su anuncio de nuevos requisitos en materia de emisiones de CO2. Allí afirma que "el sector del transporte por carretera representa una quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE y es una de las principales causas de contaminación del aire en las ciudades". Añade que "los ciudadanos, las ciudades y los consumidores quieren pasar a la movilidad ecológica. Sin embargo, el transporte es el único sector de la UE, donde las emisiones han seguido aumentando en los últimos años".
Explica igualmente que "los vehículos pesados (HDV), como los camiones, los autobuses urbanos y los autobuses de larga distancia, son responsables de más del 25 % de las emisiones de GEI del transporte por carretera en la UE y representan más del 6 % de las emisiones totales de GEI de la UE". Anticipa que "estas emisiones siguen aumentando, especialmente en el transporte de mercancías. Esta curva al alza está impulsada principalmente por la creciente demanda de transporte por carretera, que se espera que siga aumentando en el futuro". Pero nada de todo ello le hace pensar que el mismo grado de exigencia deba aplicarse a los particulares y a los poderes públicos.
"Por lo tanto, las normas de emisiones de CO2 más estrictas para los vehículos pesados son clave para reducir las emisiones de CO2 en el sector y mejorar la calidad del aire. La propuesta de la Comisión fortalecerá las normas de CO2 a partir de 2030 y extenderá el alcance a casi todos los vehículos con emisiones de CO2 certificadas, para ayudar a alcanzar el compromiso de la UE de alcanzar la neutralidad climática para 2050", añade Bruselas. Todo ello sin llegar a justificar el diferente trato a lo privado y a lo público.