Parece que cada hora que pasa la delegación europea en España fiscalizando la ejecución de los hitos comprometidos para recibir el maná de millones prometidos a nuestro país, se convierte en días para el Gobierno. A la falta de transparencia en el gasto de estos fondos se suman las chorradas en las que se sabe que se han gastado los primeros euros de estas ayudas, como anuncios publicitarios del Gobierno. Pero la cosa no queda ahí. La propia Comisión Europea ha recordado a España que para acometer reformas que transformen el país hay que abordar de manera urgente una de las que más escuecen en Europa: las pensiones.
Y escuecen en Europa porque mientras los países que más riqueza aportan a la Unión como Alemania mantiene un sistema público de pensiones en el que los jubilados cobran de media, menos del 38% del último salario percibido, ver que en España esa tasa de sustitución llega al 80%, es evidente que escueza y más si, además, somos de los países que más ayudas piden.
Así, la Comisión Europea ha advertido al Gobierno español que o se acometen reformas fundamentales como las pensiones para tratar de hacerlas sostenibles, o "costará mucho", advierten: "No cumplir una reforma fundamental de un plan (de recuperación) costará mucho, como debe ser". Han asegurado fuentes comunitarias al ser preguntadas en particular por la reforma de las pensiones en España, cuya culminación estaba comprometida para el cierre de 2023 y lleva ya casi dos meses de retraso.
Esta advertencia aparece publicada este martes en un documento de la Comisión Europea que detalla la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos.
¿Se cortará el grifo del maná europeo?
¿Y si España no cumple qué pasaría? En ese caso, la cifra a recibir se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan, que en el caso de España son 69.500 millones entre 415 hitos.
Sin embargo, esa penalización podría multiplicarse por cinco para aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa".
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estuvo el lunes en Bruselas, donde dijo que el Gobierno está muy cerca de cerrar la reforma de la que depende que España cobre completo el siguiente tramo del fondo de recuperación, de 10.000 millones de euros, un pago que aún no se ha solicitado.
Este martes por la tarde en Madrid, Escrivá se ha reunido con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que esta semana visita España para supervisar la gestión de los fondos europeos, después de que durante la mañana lo hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Montero presume, los empresarios se quejan
De momento, el Ejecutivo trata de presumir de buena gestión en la ejecución de los fondos e insiste en que España ha alcanzado un 75% de las obligaciones reconocidas de todos los recursos presupuestados para 2021 y 2022. Tanto es así que dicen que los europarlamentarios están sorprendidos de los instrumentos que "hemos puesto en marcha" para ejecutar los fondos, decía la ministra María Jesús Montero.
Sin embargo autónomos y empresas han puesto el dedo en la llaga. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE criticaba que los fondos no están llegando al tejido empresarial, especialmente en el caso de las Pymes y los autónomos: "No están percibiendo los fondos. De los más de 3.300.000 autónomos, apenas 5 de cada 100 han solicitado fondos, no llegan a 170.000 autónomos y debemos llegar al menos al millón", decía. Nuestro objetivo es mejorar y hay que hacerlo ya", ha asegurado la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, tras reunirse con la delegación de europarlamentarios.