¿Cuál es el país más inseguro de Latinoamérica? Si nos hubiéramos hecho esta pregunta hace unos pocos años, casi todos habríamos coincidido en la misma respuesta: El Salvador. Y hubiéramos acertado por completo: en 2015, la nación centroamericana alcanzó su pico de criminalidad en términos de homicidios intencionales, con más de 100 por cada 100.000 habitantes, lo que superaba ampliamente las cifras del resto de países de la región.
Pero, a día de hoy, la situación ha cambiado de manera muy considerable. El Salvador ya no es el país con más homicidios por habitante, ni está cerca de serlo. Su joven presidente, Nayib Bukele insiste en que el país es ahora, nada más y nada menos, que en el más seguro de su entorno. "Como todos ustedes saben, El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina", aseguraba a principios de año, siendo esta una de sus principales proclamas durante el 2023.
Pero ¿son verídicas las palabras del mandatario? Lo cierto es que no del todo, al menos si atendemos a los datos oficiales del 2022. Según estos, El Salvador registró 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muchos, muchísimos menos que en 2015, pero esto no le convierte en el país más seguro, y es que otros, como Chile o Perú, cosecharon tasas aún más reducidas. Además, la seguridad de un país debe medirse desde una perspectiva mucho más amplia que la de, simplemente, el número de homicidios. Así, por ejemplo, la tasa de criminalidad total en El Salvador continúa situándose entre las más altas del mundo.
En cualquier caso, si nos ceñimos a los homicidios intencionados, la situación ha mejorado. E incluso de mantenerse la extraordinariamente positiva tendencia de los primeros meses de 2023, el país podría llegar a colocarse como el más seguro de todo el continente americano.
Y bien, ¿cómo ha sido esto posible? En esencia, todo se debe a la dura política seguida Bukele -presidente desde junio de 2019 – contra las maras: organizaciones criminales que llevan décadas aterrorizando a la población salvadoreña y disputando al Estado el control total de la vida en sociedad.
El mandatario llegó al poder con una promesa clara: librar al país del poder de las maras. Y para cumplirla, se ha esmerado en darle la vuelta a la política de seguridad en El Salvador, poniendo todos los instrumentos legales, económicos, policiales y militares a alcanzar la nueva prioridad máxima, que no es otra que atajar el crimen organizado.
Una muestra de esta estrategia podemos encontrarla en la nueva prisión creada por el gobierno salvadoreño para encerrar a las decenas de miles de pandilleros que han sido arrestados en los últimos años. Se trata del recién inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), considero como el centro penitenciario más grande del continente americano y con capacidad para 40.000 reclusos. Así lo promocionaba Bukele en sus redes sociales, acompañado por un impactante vídeo: "Trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al CECOT. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población", aseguraba.
Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población.
Seguimos…#GuerraContraPandillas pic.twitter.com/9VvsUBvoHC
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 24, 2023
Los datos de Bukele: luces y sombras
En esencia, no puede negarse que la seguridad va a mejor en El Salvador. Pero ¿a qué precio? ¿Qué impacto ha tenido realmente Bukele en este fenómeno? ¿Son fiables los datos disponibles?
- La tendencia. En la gráfica inferior se aprecia la evolución de las tasas de homicidios en El Salvador en lo que llevamos de siglo. La primera conclusión es clara: la probabilidad de ser asesinado en el país es muy alta, especialmente si se compara con la de naciones desarrolladas como España donde el índice de homicidios no llega a 1 por cada 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, se puede observar una clara caída de criminalidad en los años que Bukele lleva al mando del país -desde 2019-, que, sin embargo, continúa la misma tendencia a la baja iniciada desde el pico de violencia del año 2015. En cualquier caso, es cierto que los índices se han reducido por debajo de cualquier nivel experimentado en el siglo XXI.
- Calidad de los datos. Pese los aparentemente buenos datos de criminalidad, no son pocos quienes piensan que estos tienen parte de truco. Por un lado, diversas fuentes apuntan a que las estadísticas reportadas por el gabinete de Bukele no son todo lo transparentes que deberían. De hecho, la última vez que el Banco Mundial publicó datos contrastados sobre los homicidios en el país fue en 2019. Por otro lado, es reseñable que las estadísticas oficiales han dejado de incluir, entre el número de homicidios, las muertes causadas por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
- ¿Pactos con las maras? Al igual que ya sucedía con gobiernos anteriores, cabe la duda de si la reducción de muertes se debe a pactos de Bukele con las pandillas, tal y como aseguran algunos medios locales. En este sentido, pese a la imagen de tolerancia cero con el crimen mostrada por el Ejecutivo salvadoreño, este podría estar manteniendo negociaciones con las maras para así contener la criminalidad.
- Contexto de excepción. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que las relativamente bajas tasas de homicidios registradas se enmarcan en un contexto muy concreto. El país lleva ya un año bajo un régimen de excepción, el cual limita de manera indefinida los derechos de la ciudadanía, y otorga al Estado y a las fuerzas del orden un poder superlativo. La cuestión es, ¿podrá el Salvador mantenerse esta situación por mucho más tiempo, o está el país viviendo un espejismo de seguridad? ¿Repuntarán pronto las tasas si se relaja la presión policial?
- Derechos humanos. Otra de las grandes sombras de la gestión de Bukele y de sus buenos datos de criminalidad es el método por el cual estos se están logrando. A saber, el estado de excepción ha restringido fuertemente los derechos de la ciudadanía, limitando las garantías judiciales y dando pie a la arbitrariedad de las fuerzas policiales en sus actuaciones y detenciones. A estas alturas, casi nadie duda de que las irregularidades y abusos están a la orden del día. El debate está, más bien, entre quienes piensan que esta excepcionalidad está justificada como la única forma de erradicar el crimen y salvar vidas y, quienes, por otro lado, creen que los derechos de la ciudadanía deben preservarse a toda costa.
¿Y la economía?
Pese a que las sombras sobre la gestión de Bukele persisten, lo que parece innegable es que la seguridad en el país centroamericano ha experimentado una clara mejora. No solo es menos probable morir a manos de las pandillas, sino que su interferencia en el día a día de los salvadoreños va a menos y los negocios cada vez sufren menos extorsiones.
En este contexto, cabe platearse si esta mejora a nivel de seguridad está teniendo traslación en el mundo de la economía y la empresa. La versión de Bukele es clara: su nación vuelve a ser libre, vuelve a estar abierta a los negocios, y está deseando recuperar su economía productiva. Sin embargo, uno de los hándicaps que está enfrentando el país es la apuesta de su presidente por el Bitcoin. La criptodivisa, convertida en moneda de curso legal en El Salvador, ha agudizado la inestabilidad financiera de la ya débil economía del país, que ha llegado a situarse al borde de la quiebra.
La fragilidad crediticia del país quedó constatada en la última revisión de Moody’s, que volvió a calificar la deuda pública salvadoreña como de bono basura, al mantener una calificación de Caa3. No obstante, la agencia reconoció que la perspectiva ha mejorado desde negativa a estable.
No es de extrañar que uno de los aspectos que ha contribuido a esta mejora de perspectivas sea el mayor grado de seguridad en las calles salvadoreñas. En este sentido, el propio analista de Moody’s Jaime Reusche, subrayó recientemente que "si la situación de seguridad se traduce en una mayor inversión, eso sin duda podría cambiar las reglas de juego de la economía" del país. Y es que, precisamente, uno de los problemas que arrastra la nación es su falta de inversión.
Además, el analista quitó hierro a las inquietudes sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador: "El uso es tan limitado que para nosotros realmente no ha generado ninguna preocupación importante, ni el sector financiero ni en la economía real en general", aseguró.
En cualquier caso, Reusche indicó que la cautela de los inversores extranjeros puede mantenerse debido a los problemas de "gobernanza" en el país, así como a la falta de acceso al crédito. Así, en general, considera que la deuda salvadoreña "sigue siendo estructuralmente muy débil".
En la actualidad, El Salvador lucha por recuperarse consistentemente del impacto de la pandemia. Así, la caída del PIB del 8,2% en 2020 fue compensada por un repunte del 10,3% en el año 2021 y del 2,6% en el 2022. En cuanto al 2023 y los próximos ejercicios, se prevé que el crecimiento anual no llegue al 2%, tasas positivas, pero probablemente insuficientes para lograr un genuino despegue de la economía salvadoreña.
Para lograr ese despegue, las autoridades de El Salvador no solo requerirán de consolidar el clima de seguridad, sino emprender profundas reformas institucionales que aporten mayor certidumbre y seguridad jurídica a los ciudadanos e inversores internacionales. En estos momentos, el Índice de Libertad Económica de Heritage relega a El Salvador a la posición 114 del mundo, con una puntuación que no ha dejado de caer desde la llegada de Bukele. Además, suspende al país en aspectos como la salud de las cuentas públicas, la protección de los derechos de propiedad, la efectividad judicial o la integridad del gobierno.