Uno de los momentos más representativos de las juntas de accionistas de compañías de envergadura, como Ferrovial, es el turno de preguntas de los accionistas, donde habitualmente toman la palabra asociaciones de accionistas minoritarios, como ha sido el caso de la junta de este jueves en Madrid.
Los cuatro turnos de preguntas solicitados han tenido un denominador común: su indignación y enfado por la injerencia del Gobierno en sus derecho de propiedad como accionistas. Uno de ellos criticaba "los ataques que han hecho las autoridades españolas al proyecto de fusión", unos ataques "al borde de la ilegalidad", señalaba.
"A los accionistas de Ferrovial se nos debe permitir ejercer los derechos que nos otorga la legislación europea y por ende la española, libremente y ningún tipo de amenaza en un marco de seguridad jurídica. Pero según las declaraciones de algunos miembros del Gobierno se pretende cambiar esta seguridad aprobando leyes ad hoc que restrinjan la soberanía de los accionistas", se quejaba otro.
"Cualquier interferencia de las autoridades públicas es una violación del derecho de propiedad", denunciaba otro accionista.
El representante de otra asociación de accionistas minoritarios de Ferrovial, recordaba que "es fundamental recordar los principios fundacionales de la UE que consagran la libertad de establecimiento de las empresas y esas decisiones deben ser tomadas exclusivamente por los accionistas de las empresas y no por ninguna instancia política".
Por último, un accionista, titular de "200 acciones y que me represento sólo a mi mismo", tomaba la palabra para hacer una cerrada defensa del equipo directivo y del consejo de administración y recordaba al Gobierno que lo que es de patriota es "velar por la competitividad de las empresas españolas que como ferrovial pretende reforzar su crecimiento empresarial".