Parece que la absoluta irresponsabilidad y permisividad que la Comisión Europea ha mantenido ante los gobiernos europeos que se dedican sistemáticamente a gastar más de lo que ingresan, tal y como es el caso del Ejecutivo de Sánchez, ha llegado a su fin. Al menos, eso parece desprenderse del anuncio hecho público este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que ha asegurado que las reglas fiscales regresarán tal y como estaban planteadas antes de la pandemia del Covid, y sin grandes concesiones a las naciones que pedían un relajamiento de las mismas. Así, el déficit máximo permitido volverá a ser del 3% del PIB, mientras que el 60% del PIB volverá a ser el límite de deuda pública. Con el fin de facilitar la vuelta a esta mínima disciplina fiscal de los países incumplidores, Bruselas ha concretado que se establecerá una senda progresiva y obligatoria de reducción del déficit, de forma que deberá hacerse un ajuste mínimo del 0,5% del PIB cada año, so pena de enfrentarse a sanciones millonarias.
Ya veremos en qué quedan estas advertencias de la Comisión Europea, pero de lo que podemos estar seguros es de la determinación del Gobierno de Sánchez para escaquearse de toda disciplina fiscal, sin importarle lo más mínimo que España, con un déficit del 4, 81% y una deuda pública que ya supera el 113,20% de nuestro PIB, sea uno de los países con mayor déficit y endeudamiento público de toda la Unión Europea. Buen y confeso ejemplo de ello lo constituye las manifestaciones del ministro José Luis Escrivá de este mismo martes en las que ha asegurado que España aprovechará su presidencia de turno de la UE para negociar que el gasto social se compute como inversión en desarrollo económico y no entre en el cálculo del déficit, logrando así un margen ficticio para continuar gastando sin efectuar ajustes. Eso, por no hablar de que la izquierda, puesta a equilibrar algo gastos e ingresos, siempre opta por el aumento de nuestra ya de por si elevadísima presión fiscal, tal y como ha manifestado sin sonrojo el secretario general del grupo parlamentario podemita, Txema Guijarro.
Lo que debería quedar claro, con independencia de en qué queden las advertencias de Bruselas, es que el equilibrio presupuestario, más que un imperativo europeo, debería ser un imperativo español: somos los españoles los que tenemos que dedicar más de 85 millones de euros, al día, sólo para el pago de los intereses de deuda. Con un gasto previsto de 31.275 millones de euros para 2023, el Gobierno social-comunista de Sánchez ya gasta más en intereses de la deuda pública que en servicios públicos básicos de Presupuestos, como Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias, y Política Exterior y de Cooperación para el Desarrollo. Como toda familia sabe, no se puede vivir permanentemente gastando más de lo que se ingresa y "lo que es prudencia en el gobierno de una familia particular —tal y como decía el gran Adam Smith— raras veces deja de serlo en la conducta de un gran reino".
La situación es tan grave que de nada servirá la caída de Pedro Sánchez si el que lo sustituye al frente del Gobierno es incapaz de defender y llevar a cabo una drástica reducción del gasto público que haga más eficiente el gasto en los servicios básicos y suprima la cantidad de grasa y de gasto superfluo de nuestra sobredimensionada administración central, autonómica y local. Y es que, sin una abierta y desacomplejada reivindicación de la austeridad pública, sin una clara determinación de equilibrar gastos e ingresos por la exclusiva vía de la reducción del gasto, no sería la primera vez que un gobierno del PP se escude en "la mala herencia recibida" para incumplir sus promesas tanto de reducción de la deuda como de reducción de impuestos.