Golpe en la mesa legislativa de Podemos. Y nuevo y más que considerable golpe que pueden llevarse agricultores, ganaderos y todos aquellos que tienen una explotación rural. Los de Ione Belarra e Irene Montero han preparado un proposición de ley que negocian ya con Pedro Sánchez con el supuesto objetivo de blindar Doñana. Pero la norma incorpora un articulado que lo que realmente blinda es la posibilidad de los ecologistas de combatir judicialmente contra agricultores y ganaderos con todos los gastos pagados. Porque Podemos pretende que todos los gastos judiciales de las asociaciones ecologistas sean asumidos por el Estado: un cheque en blanco para desafiar regadíos, granjas y demás explotaciones del mundo rural.
La norma asegura que "el espacio natural de Doñana está compuesto por dos espacios protegidos diferentes que en conjunto cubre un total de más de 128.386 hectáreas. Se tratan del Parque Nacional y el Parque Natural: estos espacios cuentan con la máxima protección a nivel nacional e internacional por sus enormes valores naturales". Tras esa descripción, Podemos señala que "el Parque Nacional de Doñana representa en la Red de Parques Nacionales a los ecosistemas ligados a zonas húmedas de influencia marina y constituye, uno de los humedales mejor conservados de Europa" y que "su relevancia internacional se pone de manifiesto por la inclusión de todo o parte del territorio del espacio natural en importantes redes supranacionales de extraordinario prestigio".
El articulado, de pronto amplia su foco y habla de todo "el bosque mediterráneo", que, señala, "constituye un hábitat óptimo para la conservación de lince ibérico y águila imperial. Las dunas móviles, creadas a partir de las arenas transportadas de la playa, constituyen, asimismo, un ecosistema de elevado interés".
En base a ello, Podemos afirma que "Doñana Ileva décadas sufriendo agresiones que van minando su salud ecológica. Desde proyectos de carreteras a urbanizaciones como Matalascañas, o el más reciente proyecto de almacenamiento de Gas Natural en el subsuelo del Parque. El vertido de miles de toneladas de residuos tóxicos procedentes de la fracturada balsa de la mina de Aznalcóllar en abril de 1998, fue uno de los momentos más críticos que ha sufrido este ecosistema".
Pero, con esa argumentación, la proposición de ley de Podemos desliza una serie de medidas: "La actual situación de vulnerabilidad de Doñana requiere de nuevas herramientas de protección. La grave crisis que en materia socioambiental, ecológica y humanitaria vive Doñana y la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección, a pesar de las importantes figuras e instrumentos de carácter regulador que se han ido sucediendo a lo largo de los últimos veinticinco años, obligan a la aprobación de esta Iey", afirma. La pretendida ley en cuestión exige, así, que se declare "la personalidad jurídica de Doñana" más, atención, "su entorno de protección, que se reconoce como sujeto de derechos". La proposición también pretende que Doñana y su entorno se rijan "por lo establecido en esta Iey, las disposiciones que se dicten para su desarrollo y, en todo lo no regulado, al ordenamiento jurídico privado, salvo que actúe en el ejercicio de potestades administrativas conferidas por Iey".
Tan sólo destaca el texto que "a los efectos de la presente Ley se entenderá como Doñana y su entorno la superficie del Parque Nacional, la zona periférica de protección, y el parque natural colindante", lo que quiere decir, que toda la zona declarada como "periférica de protección" quedaría dentro de esta protección.
Igualmente se pretende que se reconozca "a Doñana y su entorno los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración, a cargo de los gobiernos y entidades o personas colindantes. Se le reconoce también el derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente, que incluirá todas las características naturales del agua, las comunidades de organismos, el suelo y los subsistemas terrestres y acuáticos que forman parte de Doñana y su entorno".
Cheque en blanco para los ecologistas
Y, atención, "cualquier persona física o jurídica está legitimada para la defensa de Doñana, y puede hacer valer los derechos y las prohibiciones de esta ley y las disposiciones que la desarrollen a través de una acción presentada en el Tribunal correspondiente o Administración Pública". Todo ello de forma plenamente gratuita y financiada por el Estado: "Dicha acción judicial se presentará en nombre del ecosistema de Doñana como la verdadera parte interesada. La persona que ejercite dicha acción y vea estimada sus pretensiones tendrá derecho a recuperar todo el coste del litigio emprendido, incluidos, entre otros, los honorarios de abogados, procuradores, peritos y testigos, y estará eximido, en todo caso, de las costas procesales y de las fianzas en materia de medidas cautelares".
Todo un cheque en blanco que, en caso de extenderse a otras áreas protegidas, permitiría a los ecologistas actuar contra toda explotación rural que desafíe la protección de la naturaleza, tal y como la interpreten ellos. Porque nunca se les podrán cobrar las de las costas procesales y fianzas en materia de medidas cautelares. Es más, si ganan el pleito, encima, todos los honorarios de los abogados serán abonados también, aunque superen los costes habituales.