Los inspectores de Hacienda siguen muy de cerca una tramitación parlamentaria muy concreta. Una que ha impulsado recientemente el PSOE bajo el nombre de Ley de Función Pública. Y el veredicto de los inspectores es que la norma blinda la "politización de la Administración con funcionarios a dedo". El punto clave introducido es la disposición adicional séptima, que otorga a Sánchez "una carta blanca sin precedentes para que el Gobierno, arrogándose una competencia que corresponde al legislativo, pueda modificar, crear o suprimir a su antojo, la actual organización de la función pública".
La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha querido hacer público su "rotundo rechazo al Proyecto de Ley de Función Pública que se está tramitando actualmente en las Cortes Generales por socavar, gravemente, los principios constitucionales sobre los que se asienta nuestra Administración pública, lo que redundará en una deficiente y politizada prestación de los servicios públicos y en el nombramiento de funcionarios a dedo", señala la organización.
IHE advierte de que "la esencia y los principales puntos del proyecto de Ley de Función pública contienen un atropello gravísimo a la Administración pública y a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Por mucho que estos se repitan hasta la saciedad, el texto contiene importantes cesiones a grupos de presión politizados".
Las medidas que incluye dicho Proyecto de Ley, ahora en tramitación en las Cortes, se centran, fundamentalmente, en cambiar el sistema de selección de los funcionarios sustituyendo el actual, basado en los principios de una formación altamente cualificada y un funcionario ajeno a injerencias políticas, por un sistema que rebaja el nivel de preparación y que permite seleccionar al funcionario que más se acerque al poder político.
"Entre las enmiendas al proyecto presentadas por algunos grupos parlamentarios destacan las enmiendas 99 y 211 que vuelven a la carga con una reivindicación histórica por la que un grupo de funcionarios, que ejerce una presión política sin precedentes en nuestra Administración tributaria, pretenden ascender de categoría sin realizar los exámenes necesarios que acreditan la competencia que se precisa para alcanzar los niveles superiores", señalan los inspectores en referencia a los contactos con la izquierda de los denominados técnicos de Hacienda. "Dichos grupos de presión, conformados por funcionarios de niveles no superiores, apoyados en partidos políticos "llave" del actual Gobierno [en referencia a Podemos], se erigen en los salvadores del país, por cuanto proponen que la medida de su ascenso "a dedo" implicaría la solución de los problemas fiscales derivados de la economía sumergida, utilizando unos datos que se alejan cada vez más del rigor de los informes emitidos por otras instituciones y economistas que gozan de reconocido prestigio y credibilidad a nivel internacional", añaden.
"Estas medidas que afectan a la selección de funcionarios y, por tanto, al servicio público que se presta, implican un grave e injustificable asalto a la función pública, que burla los principios de selección derivados de nuestra Carta Magna", explican los inspectores.
"Unido a lo anterior, especialmente grave es la Disposición Adicional Séptima recogida en este Proyecto y por la cual se otorga una carta blanca sin precedentes, que se ha querido disimular durante esta tramitación pero que no ha pasado inadvertida para nosotros, para que el Gobierno, arrogándose una competencia que corresponde al legislativo, pueda modificar, crear o suprimir a su antojo, la actual organización de la función pública".
Esa Disposición Adicional Sétima recoge lo siguiente: "Se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes". Efectivamente, todo un cheque en blanco para remodelar la Inspección de un plumazo.