El sistema MUFACE permite que millones de funcionarios españoles tengan acceso a servicios sanitarios ofrecidos por proveedores privados. Se trata de un valioso ensayo de lo que podría suponer la introducción del "cheque" sanitario o educativo. De hecho, resulta llamativo que la opción que brinda MUFACE seduzca al 76% de los funcionarios que tienen derecho a acogerse a dicha forma de cobertura.
Sin embargo, el gobierno de Castilla-La Mancha que preside el socialista Emiliano García-Page no ve con buenos ojos esta opción y, de hecho, ha optado por penalizar fiscalmente a aquellos funcionarios que residan en zonas rurales y opten por recibir su cobertura sanitaria a través de MUFACE.
Así, aunque el gabinete de García-Page ha aprobado una deducción del IRPF que llega hasta el 25% del tramo autonómico, dicho ahorro no será aplicable para aquellos funcionarios que prefieran recibir el servicio sanitario a través de la mutualidad.
El gobierno socialista exige a los beneficiarios de esta medida que residan en uno de los 721 municipios de la región. Estos territorios suman un total de 438.000 habitantes, por debajo del 25% del total de personas que residen en la comunidad. La comunidad castellano-manchega ha realizado esta selección atendiendo a la evolución y la estructura demográfica de estos municipios.
Sin embargo, aunque la deducción puede llegar a suponer un ahorro fiscal cercano a los 1.000 euros, uno de los requisitos que pide el gobierno de García-Page es la presentación de una tarjeta sanitaria correspondiente al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, documento del que no disponen aquellos funcionarios que reciben su cobertura a través de MUFACE, que en su lugar reciben el correspondiente título de la mutualidad.