Después de proclamar el estado de alarma, que finalmente se ha sentenciado ilegal, y encerrarnos a todos en nuestras casas y echar el cierre a la mayoría de los negocios en España, Pedro Sánchez anunció paquetes milmillonarios de ayudas entre los que destacaba el anuncio de unos 100.000 millones de euros en líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial, con el objetivo de dar liquidez a las empresas que lo necesitaran de cara a mantener la actividad y no verse abocadas al cierre en plena pandemia.
Muchas compañías grandes y pequeñas, también autónomos, acudieron a estas líneas de avales y los bancos concedieron cientos de millones de euros en créditos avalados por el Estado.
Lo que era un secreto a voces en el sector empieza a suceder: se disparan los impagos de estos créditos y la mora en algunas de las mayores entidades españoles de este tipo de productos se está disparando por encima del 11%, según fuentes especializadas.
A priori no debería existir mucho problema. Según fuentes del sector, estas compañías esperaban que, en caso de llegar al impago, el Gobierno ejecutaría esos avales y respondería con los recursos del ICO. Sin embargo, desde el Instituto de Crédito Oficial, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, se están cursando las indicaciones a los bancos para que éstos, cuando lleguen los impagos, actúen en primer lugar por el 100% contra el patrimonio del administrador, bajo la premisa de que éste haya hecho una administración desleal de los importes recibidos, o haya pedido de manera indebida o exagerada los créditos. Sólo en el caso de que el patrimonio del administrador de la empresa no sea suficiente, entraría el aval del Estado.
Entre las empresas que comienzan a verse afectadas por la incapacidad de pago de las obligaciones de los créditos avalados por el ICO llama la atención que se invierta la carga de la prueba y se actúe contra ellos en primer lugar, exista o no la sospecha de administración desleal.
Además, las mismas fuentes confirman que esta práctica puede aumentar la litigiosidad, ya que se pone en entredicho la fórmula en la que se pusieron en marcha los ICO y su comercialización.