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José María Rotellar

Nada es gratis, usted lo paga caro

Cuando un político promete una actuación de gasto, realmente está administrando los recursos expropiados a los contribuyentes a través de impuestos.

Cuando un político promete una actuación de gasto, realmente está administrando los recursos expropiados a los contribuyentes a través de impuestos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de final de campaña electoral | Europa Press

En la vida, no hay nada gratis. Por tanto, en las promesas de cualquier político, tampoco. Es muy habitual, incluso diría que de manera permanente, que un político prometa una actuación tras otra de gasto, cuando lo que realmente está haciendo es administrar los recursos que se expropian a los contribuyentes de manera coercitiva a través de los impuestos. Nadie duda de que hay una parte de bienes esenciales, que doten a la sociedad de igualdad de oportunidades, que tienen que ser provistos por el sector público, para lo que hacen falta recursos, que han de salir de impuestos.

Ahora bien, una cosa es eso, algo muy delimitado, y otra cosa es que esos límites se hayan derribado y el avance del gasto público y, con ello, de los impuestos, sea cada vez más profundo.

Nada es gratis, repito. Deberíamos tenerlo muy presente cuando Sánchez ofrece los abonos de Cercanías de Renfe de manera "gratuita", el descuento del 50% en el interrail de las personas entre dieciocho y treinta años, el cine a dos euros para los mayores de sesenta y cinco años, o tantas y tantas subvenciones que anunció en la pasada campaña electoral de las municipales y autonómicas y las que anunciará para las generales, como señuelo electoral.

No, no es gratis, sino que lo paga el contribuyente. Al final, el gasto público se paga o con impuestos, o con deuda -que son impuestos diferidos- o con inflación -que termina por conformar un impuesto adicional, el cual sufren más los que menos tienen; por eso es el llamado impuesto a los pobres-. ¿Y es efectivo ese gasto? De manera muy dudosa, más allá del impulso a la economía en el corto plazo por la anestesia del gasto a cambio del grave perjuicio estructural que inflige a la economía en el medio y largo plazo.

Los usuarios que cogen el tren, como el conjunto de ciudadanos, necesitan que la inflación se frene y disminuya, no que se dificulte su reducción con políticas que impulsan artificialmente la demanda con el gasto. De hecho, la inflación no ha bajado; todo lo más, no sube tanto interanualmente por efecto estadístico, pero incluso se ha reactivado con los últimos datos definitivos, de abril, al tiempo que la subyacente sigue en cotas elevadísimas y mensualmente sigue habiendo presión sobre los precios, por no hablar del coste real de los bienes y servicios.

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Esas mismas personas que no tienen que pagar por su billete de tren, que en muchos casos son rentas bajas, son las que más sufren la inflación, al dedicar casi toda su renta al consumo, de manera que una subida de precios de los bienes de consumo les afecta más sobre su renta total, al igual que constituye un elemento regresivo, pues los impuestos adicionales originados por la inflación que pagan sobre el conjunto de sus ingresos representan un mayor porcentaje en su caso que en el de las rentas altas. Por ejemplo, con una subida media de la inflación del 8,5%, como la de 2022, último año completo, las rentas bajas reducen su capacidad de ahorro en casi dos puntos más que las rentas altas: las rentas bajas consumen 7,65 puntos más que antes, frente a los 5,95 puntos que las rentas altas consumen más que antes: 7,65-5,95= 1,70 puntos.

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Además, las rentas bajas soportan un incremento de impuestos al consumo sobre sus ingresos que les supone un esfuerzo casi un tercio mayor que el de las rentas altas: el porcentaje de impuestos sobre ingresos de una renta baja se incrementa en 1,33 puntos y el de una renta alta lo hace en 1,03 puntos. Por tanto, el incremento del esfuerzo en una renta baja es de 0,30 puntos mayor que en una renta alta (0,30= 1,33-1,03). Así, el esfuerzo en el pago de impuestos es casi un tercio superior en una renta baja respecto a una alta: 100x(0,30/1,03)= 29,13%.

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Como "la gratuidad" del abono ferroviario aumenta el gasto y éste tensa la demanda y dificulta la disminución de la inflación, lo que estas personas perderán por la subida de precios es mayor que lo que ganarán por "la gratuidad" del billete, a lo que hay que añadir la merma que sufrirán por la subida de tipos de interés que hay que adoptar para reducir la inflación.

La solución no es no cobrar el precio de un billete, sino realizar reformas que incrementen la renta disponible de los ciudadanos de manera real, por ejemplo, con bajada de impuestos, reducción del gasto y reformas que dinamicen la economía. Las subvenciones como las del billete de tren empeoran la renta disponible de los ciudadanos, ya que la merma que su mal provoca en la renta de los ciudadanos es mayor que la ganancia por no pagar el billete de transporte.

Lo único que genera "la gratuidad" es más gasto, pues a precio cero la demanda es infinita: no hay nada como comprobar cómo se emplea ahora, por ejemplo, el tren para viajar de Recoletos a Nuevos Ministerios, o cómo montaban más personas en autobús cuando se ofrece gratuitamente porque ese día no cobraban el precio del billete. Por tanto, vemos cómo el incremento de gasto tiene un efecto negativo en una de sus consecuencias, la inflación.

¿Y la deuda? Como vemos cada mes en Libertad Digital, el dato no puede ser más preocupante. Por encima del 110% del PIB y de los 1,5 billones de impuestos, desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 378.019 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo cuatro años de mandato el incremento es de más de 375.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.

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Por último, en cuanto al tercer elemento, el nivel de impuestos es cuasi confiscatorio y deja muy mermada la renta disponible de los agentes económicos. Sánchez ha subido más de cuarenta veces los impuestos y siempre quiere más, y no digamos sus socios de Gobierno, que, si pudiesen, pondrían un impuesto para cualquier acción: nos venden, incluso, que gravan hechos con impuestos para respirar -los llamados medioambientales- y el verdadero objetivo del Gobierno, si le fuese posible, es ponernos impuestos hasta por respirar. Ese nivel de impuestos es ya inasumible. Todo tiene un límite y con tanto impuesto sólo van a lograr dos cosas: incrementar la lacra de la economía sumergida, que hay que perseguir y erradicar, pero que con tanto impuesto ellos mismos incentivan, con perjuicio para la sociedad; y asfixiar a familias y empresas, hiriendo la actividad económica y, con ello, el empleo, que nos llevará a más gasto por prestaciones y menor recaudación. Es decir, se habrá estrangulado tributariamente a los agentes económicos para que tengan una posición peor, más débil.

Mientras realiza anuncios con el dinero de todos, se empobrece a los ciudadanos, se distraen recursos para lo esencial y se aplica una política regresiva, pues habrá muchas personas de escasos recursos que no utilicen esos medios de transporte que, con sus impuestos, están transfiriendo renta a cualquiera que los coja, de manera que puede darse el caso de que se transfiera renta de las rentas bajas a las medias y altas, al igual que sucedió con la subvención de la gasolina, al igual que con cualquier subvención e intervencionismo del mercado.

Nada es gratis: los ciudadanos lo pagan previamente con impuestos y luego vuelven a pagarlo por las distorsiones que el intervencionismo genera en la economía, aunque se vista como algo agradable y bondadoso, cuando su contenido no es más que electoralista y dañino para la economía y para todos los agentes económicos, especialmente para los más vulnerables.

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