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El militante al que Podemos condena a vivir en el coche y acudir a comedores sociales: "Están legalizando la okupación"

Josep Jané narra su particular calvario en LD y confiesa su profunda decepción con Iglesias y Colau, a cuyo partido acusa de castigarle.

Josep Jané narra su particular calvario en LD y confiesa su profunda decepción con Iglesias y Colau, a cuyo partido acusa de castigarle.
Josep Jané, en el comedor social de Cruz Roja de Martorell | LD

A pesar de que la izquierda política y mediática siga empeñada en minimizar el gran problema de la okupación en España, lo cierto es que el creciente número de casos salpica a ciudadanos de todo signo político. También a militantes de Podemos que se rebelan contra la "perversa" connivencia de los morados con los okupas. Ése es precisamente el caso de Josep Jané, el afiliado al que el partido de Ada Colau ha castigado tras denunciar en Libertad Digital que ni ella ni Pablo Iglesias tienen "ni idea de combatir la pobreza" y después de interponer una denuncia por graves irregularidades contra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), movimiento fundado por la propia Colau y del que él ha formado parte durante años.

Mientras él se ve obligado a dormir en el coche y alternar la comida de su cocina de camping gas con la de los comedores sociales, su casa está inquiokupada por una familia a la que la concejalía de Servicios Sociales -dirigida por los comunes- protege por encima de a un legítimo propietario completamente arruinado. "Se pasan la Constitución por el arco del Triunfo, porque lo que están haciendo al final es legalizar la okupación, cuando en España la propiedad privada debería ser sagrada, puesto que es un derecho recogido en nuestra Constitución", sentencia indignado.

Según denuncia, durante la campaña electoral le pagaron un hostal con tal de que no hiciera ruido, pero, pasadas las elecciones y tras publicar una carta abierta contra Iglesias y Colau, le han echado de nuevo a calle. La dureza de su discurso contrasta con el que estamos acostumbrados a escuchar en Podemos. Sin embargo, asegura que son muchos los militantes de base que piensan como él. "Las prioridades de Pablo Iglesias -al que se refiere como líder en la sombra- deberían ser defender el derecho a la vivienda y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, la vivienda no se está defendiendo adecuadamente y cada vez hay más pobreza", advierte.

Su caso es flagrante. Y no solo porque ni el Gobierno municipal, ni el autonómico, ni el central hagan nada para solucionarlo, sino porque él incluso ha ofrecido a su inquiokupa compartir su vivienda y ella se ha negado, sabedora de que tiene todas las de ganar. "Yo soy de izquierdas y lo seguiré siendo toda mi vida, pero otra cosa es quiénes dirigen la ideología de izquierdas, y lo que está haciendo esta gente con el tema de la okupación es terrible. Es más, arremeten contra empresas como Desokupa por hacer el trabajo que deberían hacer ellos y lo utilizan como cortina de humo para tapar sus fechorías", denuncia. Y lo cierto es que en su historia hay unas cuantas.

Arruinado y desamparado

Sus problemas empezaron el pasado mes de febrero. Al expirar el contrato de alquiler que había firmado con sus inquilinos, Josep les manifestó su intención de recuperar su casa para vivir él mismo, ya que su empresa había quebrado y se encontraba en serio riesgo de exclusión social. "A partir de ahí, se atrincheran y ya no es que no me paguen nada, es que se tienen que marchar, no se van y yo estoy absolutamente desahuciado de la vida", denuncia.

A pesar de contar con un piso de tres habitaciones en propiedad, se ve obligado a hacer de su coche su nuevo hogar y meter ahí toda su ropa, sus enseres personales y hasta los utensilios para hacerse la comida en una cocina de camping, que usa en su propio maletero para no incumplir la normativa municipal. Las noches son duras y las consecuencias también: "Al vivir en el coche, he sufrido síndrome de piernas inquietas, hinchazón por no poder moverme, desmayos, vómitos…".

Con tal de poner fin a esta situación, Josep ha hecho de todo. Incluso ha ofrecido a su okupa compartir el piso y su propia pensión de 480 euros para llenar la nevera, ya que la mujer tiene tres niños a su cargo. "Pero ella lo quiere todo, no quiere compartir nada y como tiene el apoyo de Servicios Sociales, pues se ha hecho fuerte", lamenta. Así las cosas, su presente y futuro está en manos de una concejalía dirigida por los comunes de Ada Colau, el partido en el que él ha militado y el que le ha decepcionado profundamente en éste y otros aspectos. "Tienen un piso de emergencias habitacionales vacío que se lo podrían ofrecer a esta mujer, pero no lo hacen", asegura.

Objetivo: quitarle su casa

Su estrategia pasa porque sea Josep el que se busque la vida: "Durante un tiempo me han pagado un hostal, pero no creas que me llevaron allí por una acción humanitaria. Mentira. He estado allí porque amenacé con una huelga de hambre en la precampaña electoral y automáticamente me sacaron de la calle, pero ahora que han pasado las elecciones municipales me vuelven a dar la patada".

Paralelamente, han llevado su caso a la Mesa de Emergencias de Cataluña que, como es lógico, han rechazado ofrecerle una vivienda social, alegando que ya cuenta con una casa en propiedad. "¡Es que a mí no me tienen que llevar a la Mesa de Emergencias de Cataluña! -se queja-. A quien tienen que llevar es a una familia que tiene tres hijos pequeños y que es la que reúne las condiciones para que le asignen un alquiler social. Es decir, que esto es claramente una manipulación y lo único que buscan es que yo pierda el título de propiedad para ellos conseguir un alquiler social sin pringarse y sin que conste en las estadísticas municipales".

Una ejecución hipotecaria inminente

Su denuncia no es baladí. Actualmente, su piso se encuentra en medio de una ejecución por no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Sin embargo, al estar okupado, Josep no puede negociar con el banco una dación en pago ni acceder al alquiler social que las entidades ofrecen antes del desahucio. "Lo que pretenden es quitarme a mí el título de propiedad para que, al final, cuando llegue el desalojo, como quienes están dentro son ellos, les ofrezcan a ellos el alquiler a 150 euros durante siete años, mientras yo vivo absolutamente marginado", insiste.

En la misma dirección iría la invitación a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, una prestación que, en cualquier caso, se quedaría prácticamente en nada al ya contar con una pensión no contributiva: "Quieren que lo pida para que tenga más ingresos y pueda pagarme un alquiler de mi bolsillo, pero es que yo no necesito otra casa, ya tengo la mía y lo único que pido es que me la devuelvan. Esto es una perversión absoluta y lo peor es que mi caso no es el único".

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