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La Isla de Valdecañas se salva del derribo gracias al Constitucional... de momento

El Constitucional permite respirar a los propietarios del complejo residencial y de ocio Isla de Valdecañas.

El Constitucional permite respirar a los propietarios del complejo residencial y de ocio Isla de Valdecañas.
Complejo Isla de Valdecañas | Archivo

Los propietarios del complejo residencial de 'la Isla de Valdecañas' han vuelto a salvar una "bola de partido", después de que el mes pasado el Tribunal Supremo condenara al complejo a la demolición al no admitir a trámite el recurso planteado por la Junta de Extremadura así como el recurso de las dos promotoras del proyecto, Marina Isla Valdecañas SAA y Golf Valdecañas SL.

La decisión, sobre la que no cabía recurso, sólo podía ser paralizada por el Tribunal Constitucional, y así se ha decidido. El Alto Tribunal ha resuelto en su pleno de este martes suspender de manera cautelar el derribo de la Isla de Valdecañas, hasta adoptar una decisión definitiva sobre el fondo del asunto. Y se ha logrado este resultado por seis votos a favor y cinco en contra.

Fuentes consultadas señalan que la votación de este martes en el Constitucional se ha resuelto por seis votos a favor y cinco en contra, aprobando así la ponencia redactada por el magistrado Enrique Arnaldo.

Fue el pasado noviembre cuando la corte de garantías admitió a trámite los recursos planteados contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dio la razón a Ecologistas en Acción-CODA, ordenando demoler el complejo urbanístico en su totalidad.

El punto de partida de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura anuló el visto bueno de la Junta a la 'Isla de Valdecañas' y acordó devolver los terrenos a la situación anterior a la aprobación del proyecto.

El TS confirmó las resoluciones del TSJ, pero en 2021, una vez abierto el trámite, el tribunal extremeño declaró la imposibilidad de ejecutarlas, acordando hacerlo solo de forma parcial, lo que implicaba demoler lo no terminado y conservar el hotel, las viviendas, el campo de golf y otras instalaciones ya construidas.

Sin embargo, en 2022, el alto tribunal, estimando el recurso de la ONG ecologista, ordenó derruir también lo ya construido, siendo esta última resolución la que ahora combaten en el TC la Junta, los ayuntamientos y la comunidad de propietarios.

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