Desde el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se ha puesto un tope en el precio de los alquileres provocando cuantiosas pérdidas a los propietarios. Esta ley favorece también a los inquiokupas, pues pueden seguir viviendo en el domicilio sin pagar. Los propietarios tienen que hacer una serie de trámites para empezar el proceso de desahucio.
Lo que favorece esta ley que topa el precio del alquiler es que la oferta de pisos descienda y que los propietarios cuando ponen un piso en el mercado el precio sea mucho más alto debido a que no van a poder subirlo. Esta ley no protege la propiedad privada, derecho recogido en la constitución.