La decisión adoptada en 2022 por la Junta de Castilla y León (PP-Vox), por la que se reducían en 20,3 millones las subvenciones otorgadas a las organizaciones patronales y sindicales de esta comunidad estaría dejando sus primeras consecuencias en los sindicatos de la región
El pasado viernes, CCOO CyL anunció un despido colectivo con el que se concluye el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) presentado el pasado 3 de mayo que afecta a 58 trabajadores, cerca del 60 % de la plantilla.
La organización sindical, que presidente Vicente Andrés, ha asegurado, a través de un comunicado recogido por Europa Press que los despidos son "consecuencia de la ilegalidad de las políticas que aplica Vox en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y que CCOO ya ha denunciado en los tribunales".
CCOO CyL culpa al actual consejero Industria, Comercio y Empleo por Vox, Mariano Veganzones, de la situación y le acusa de querer acabar con los sindicatos "no ha cejado en su empeño de, contraviniendo la propia Constitución Española y la legalidad vigente, destruir a las organizaciones sindicales en esta comunidad".
Este sindicato, que tiene abiertos hasta seis procesos judiciales contra el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, asegura que seguirá trabajando, como primera fuerza sindical, por los derechos laborales en esta comunidad, a pesar de la "política sectaria, de acoso y derribo de la extrema derecha".
Según CCOO, 70.000 personas están afiliadas y gracias a las cuotas que pagan se mantiene la actividad del sindicato. No obstante, reconocen que no son suficientes para la gestión y desarrollo de programas públicos dirigidos a diferentes sectores de la sociedad.