El aluvión de normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal están provocando el desconcierto y la incertidumbre entre los ganaderos de porcino españoles, que ya no saben si volver a invertir para remodelar sus explotaciones o directamente echar el cierre. Este "tsunami burocrático" que se cierne sobre el sector supondrá una reducción de ingresos del 11% para las granjas de porcino" con "pérdidas de 8.000 euros anuales en una granja tipo de 2.000 cerdos en modelo de integración", según ha denunciado la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
A pesar de que España tiene una de las normativas de bienestar animal más estrictas del mundo, Europa pretende darle una vuelta a toda la legislación, lo cual supondrá un nuevo dolor de cabeza para los ganaderos, que no dan abasto para pagar, otra vez, las inversiones necesarias para cumplir con las nuevas exigencias legales europeas. Todo ello, en un contexto de crisis debido al encarecimiento de los piensos y la ausencia de forraje.
"Dentro del contexto de la Estrategia "De la granja a la mesa", Europa tomó la iniciativa de revisar la legislación en materia de bienestar animal al completo. En concreto, se prevé una actualización con nuevas exigencias para los animales en granja, en la regulación del transporte de los animales, procedimientos en el sacrificio y etiquetado", ha explicado COAG.
Menos cerdos o granjas más grandes
Por otro lado, a nivel nacional ha entrado en vigor la modificación del Real Decreto 1135/2002. "Esto implica, o bien una reducción de la densidad en las granjas entre un 7 y un 12%, o afrontar unas inversiones para una posible ampliación de las explotaciones que, además de gastos, conlleva unos trámites burocráticos imposibles de afrontar con el periodo transitorio de dos años que se ha concedido", denuncia la asociación.
Las consecuencias son evidentes: el empobrecimiento de los ganaderos e incluso el cierre de las explotaciones más vulnerables y un encarecimiento del precio del cerdo, precisamente el producto, junto con el pollo, en el que se están refugiando los consumidores ante la escalada de precios de la ternera.
Y es que el Ministerio de Agricultura ha aprovechado la "oportunidad" que ofrece el Reglamento 2017/625 para abrir la puerta a que las autoridades competentes puedan tener en cuenta resultados de auditorías de empresas privadas para sus propios controles oficiales. "Son cargas administrativas desproporcionadas e irracionales que no supondrán mejoras reales en la aplicación de las normativas estatales y europeas en materia de bienestar animal", ha subrayado el responsable del sector porcino de COAG, Jaume Bernis.
COAG considera que todos los esfuerzos e inversiones que hagan los ganaderos para adaptarse a las exigencias de la normativa estatal pueden no servir para nada si en unos años llega otra actualización desde Europa. "Las normas se solapan y, cuando todavía no se ha conseguido amortizar una inversión, ya tenemos que afrontar la siguiente", ha señalado Bernis, al tiempo que ha propuesto una moratoria en el cumplimiento de la normativa nacional teniendo en cuenta que, desde Europa, nos va a llegar una actualización "que nos obligará a nuevas inversiones y adaptaciones en nuestras granjas".