Los funcionarios han estrenado susto y conflicto con el Gobierno. Y es que el Ejecutivo anunció en plena precampaña electoral un nuevo permiso parental de 8 semanas y, ahora, los empleados públicos descubren que se trata de un permiso no remunerado pese a que sus acuerdos con la Administración recogen que todos sus permisos tienen que ser pagados. El sindicato CSIF ha reclamado ya al Gobierno que dicte instrucciones para que el nuevo permiso parental de 8 semanas se retribuya, "tal y como establece la Directiva Europea".
No ha llegado a renovar los sillones el Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez y ya tiene un nuevo frente abierto con los funcionarios. Desde CSIF recuerdan que las comunidades autónomas están descartando retribuir este permiso a los trabajadores hasta que no haya un desarrollo reglamentario, pero que la situación con los funcionarios es distinta desde el punto de vista legal. "CSIF se ha dirigido ya a los ministerios de Hacienda y Función Pública y al de Trabajo para que el nuevo permiso parental de 8 semanas para promover la conciliación se retribuya a los trabajadores que lo soliciten conforme establece la directiva europea en la que se inspira esta medida", señala el sindicato.
La Directiva (UE) 2019/1158 fija en su artículo 8 la remuneración del permiso parental: "El Estado miembro o los interlocutores sociales definirán dicha remuneración o prestación económica y lo harán de manera que se facilite el que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso parental". CSIF entiende que esta retribución debe ser inmediata en el caso de los empleados públicos "puesto que todos los permisos tienen carácter retribuido conforme al Estatuto Básico del Empleado Público". Y eso es un factor diferencial con respecto a la legislación que afecta al resto de trabajadores.
CSIF destaca que, "en el caso de las personas trabajadoras de la empresa privada se deben adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se precisen para cumplir esta directiva. Sin embargo, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 27 de junio, en su disposición final octava, evita de manera expresa el desarrollo de esta prestación. Por este motivo, al menos cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid) han publicado instrucciones en las que plantean dudas e incluso rechazan aplicar el citado permiso parental hasta que no se produzca el citado desarrollo reglamentario".
CSIF se ha dirigido al Ministerio de Función Pública para que "se dicten las instrucciones oportunas al conjunto de Administraciones Públicas sobre la obligatoriedad de retribuir el permiso parental para el conjunto de empleadas y empleados públicos". En lo referente a la empresa privada, CSIF ha remitido igualmente un "escrito al Ministerio de Trabajo para que se desarrollen las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva y se remunere dicho permiso en el ámbito de la empresa privada".