La inflación sigue siendo una pesada losa para el conjunto de las familias españolas, pero lo trágico no es que suban los precios con fuerza, sino que el Gobierno de Sánchez, lejos de adoptar medidas para aliviar la carga, se aproveche de este fenómeno para engrosar aún más las arcas públicas del Estado mediante impuestos.
El Ejecutivo, una vez más, ha fallado en sus previsiones. El IPC repuntó cuatro décimas en julio, hasta el 2,3% interanual. Y la inflación subyacente, que se calcula sin energía ni alimentos no elaborados, suma otras tres décimas, hasta situarse en el 6,2%. Así pues, no hay relajación alguna en el incremento de los precios, tal y como aventuraba Moncloa.
Por el contrario, tanto este dato como el repunte de precios que acaba de registrar EEUU, junto con el encarecimiento del petróleo y el gas, auguran un nivel de IPC elevado a corto y medio plazo. Y, por tanto, tan sólo cabe esperar una política monetaria de tipos igualmente altos para tratar de revertir esta ruinosa tendencia. En definitiva, un escenario de productos, servicios y financiación más caros para familias y empresas, sin que el nivel salarial de los trabajadores o los beneficios de las compañías evolucionen a igual ritmo, generando con ello un empobrecimiento de la sociedad.
En concreto, el IPC acumula en España una subida del 16% en los dos últimos años, mientras que la subyacente roza el 13% y los alimentos el 26%. Los sueldos, sin embargo, no han subido en igual medida, y esta es la razón por la cual los españoles han sufrido una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo de la OCDE. O, lo que es lo mismo, el mayor empobrecimiento de los países desarrollados.
Y la causa no estriba en el margen de beneficios de las empresas ni en la maldad de los empresarios a la hora de retribuir convenientemente a sus empleados, como señala el Gobierno. No, el origen real de este grave problema es muy distinto. La alta inflación se debe, en primer lugar, a la laxa política monetaria de los bancos centrales, que durante años se han dedicado a inyectar una masa ingente de dinero a fin de reactivar el crédito y el crecimiento, con nulo resultado; y, en segundo término, a los históricos estímulos fiscales que, en forma de gasto público, han aprobado los diferentes gobiernos, incluida la propia UE, con la excusa de superar la crisis del coronavirus.
Los excesos intervencionistas del pasado son, una vez más, los males del presente que, por desgracia, terminan pagando los de siempre: familias y empresas. La inflación, por tanto, es un fenómeno monetario y gubernamental. Y al margen de lo que hagan los bancos centrales para su resolución, Sánchez tiene diversas herramientas para atenuar su impacto, desde bajar impuestos de forma sustancial hasta flexibilizar la economía para aumentar la competencia y mejorar la productividad para bajar precios y aumentar sueldos. Nada ha hecho el Gobierno.
Este es el particular drama de la economía española. Los socialistas y sus socios comunistas se han dedicado en los últimos años a disparar los impuestos, incrementar los costes laborales mediante más cotizaciones y poner todo tipo de trabas y regulaciones absurdas y perniciosas que, de una u otra forma, lastran la competitividad de las empresas y, como resultado, su capacidad de crecimiento para crear empleo y elevar los salarios. El único que se beneficia de la inflación es Sánchez, dado que la recaudación de impuestos aumenta de forma automática con la subida de precios y, por si fuera poco, se ha negado a deflactar el IRPF, asestando así un nuevo incremento fiscal a los españoles por la puerta de atrás. La inflación es, sin duda, un problema muy importante en España, pero aún peor es tener un Gobierno que se aprovecha e incluso agrava la situación.