El campo español no sólo se enfrenta a la incertidumbre y dificultades derivadas de las condiciones climatológicas, como la sequía registrada en los últimos meses, sino a un mar de impuestos y regulaciones absurdas, tanto nacionales como europeas, que terminan por arruinar a miles de agricultores y ganaderos.
La política agrícola desarrollada hasta el momento ha consistido, básicamente, en el reparto de subvenciones a explotaciones y trabajadores. Y el resultado ha sido nefasto. El cierre de granjas, la falta de mano de obra y la escasa rentabilidad obtenida ponen en serio riesgo la viabilidad futura de un sector, el primario, que ha sido tradicional fuente de riqueza y empleo en el conjunto de la economía nacional.
El campo español está herido de muerte. Y es que, a la ruinosa dependencia del subsidio público se suma ahora una nueva e intensa oleada de restricciones, cargas y prohibiciones de todo tipo nacidas de la Agenda 2030, que con tanto ahínco abraza el Gobierno español y las autoridades comunitarias.
El ecologismo dominante, que ya es una religión más que una ideología, exige destruir embalses, reducir la densidad de los animales en granjas o restringir el uso de fertilizantes y plaguicidas, disparando con ello los costes de producción. Y si a eso se añaden, además, las enormes trabas que impone la regulación laboral española para contratar mano de obra, ya sea nacional o extranjera, no es de extrañar que el sector amenace con nuevas protestas y manifestaciones en la calle ante la creciente asfixia que padecen por parte de los responsables políticos.
Agricultores y ganaderos se manifestarán el próximo 5 de septiembre ante los ministros de la UE que se reunirán ese día en Córdoba para denunciar los "continuos ataques" que reciben, así como el doble rasero que se aplica a los productores de terceros países. No en vano, Europa se está convirtiendo en un coladero de alimentos llegados de fuera con pesticidas y productos cuyo uso ha sido prohibido en la UE.
Sin embargo, la solución a semejante despropósito no radica en la concesión de más ayudas o la implantación de más controles para tratar de restringir las importaciones, tal y como solicitan las principales asociaciones agrarias. Lo que está matando al campo es el socialismo. Ése y no otro es su mayor enemigo. La solución, por tanto, consiste en reducir impuestos, burocracia y, muy especialmente, esa creciente montaña de regulación que impone obligaciones de todo tipo sin necesidad de rigor científico. En muchos casos, se prohíben pesticidas o cultivos transgénicos que no tienen ningún riesgo para la salud por cuestiones puramente ideológicas.
España tiene un enorme potencial para convertirse en uno de los mayores productores agrícolas y ganaderos del mundo debido a sus privilegiadas condiciones naturales y climatológicas, pero el atroz intervencionismo existente mina cualquier posibilidad de desarrollo y crecimiento. Hay que apostar por la liberalización de la agricultura y la ganadería para aumentar la competitividad de las explotaciones. Eso, precisamente, es lo que hizo Nueva Zelanda en los años 80, convirtiéndose desde entonces en una de las mayores potencias ganaderas del mundo, gracias a su elevada productividad. El campo español tiene futuro, siempre y cuando el Estado lo permita.