Es probable que España se encamine hacia una nueva prórroga presupuestaria. Aunque la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que la voluntad del Gobierno es aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024 "en tiempo y forma" para que entren en vigor el 31 de diciembre, la fecha de investidura pone en duda tal afirmación. Y no sólo por los tiempos, sino por la propia situación de Gobierno en funciones, dado que éste no puede aprobar un proyecto de ley de presupuestos.
El proyecto debería presentarse en las Cortes antes de que finalice septiembre para su tramitación parlamentaria y entrada en vigor el 1 de enero. Pero el debate de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha fijado para los días 26 y 27 de septiembre, retrasando con ello todo el proceso.
La Constitución establece en su artículo 134 que los PGE deben presentarse en el Congreso "al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", pero si la investidura de Feijóo no prospera obligaría a un nuevo debate con otro candidato semanas después y haría prácticamente imposible su aprobación.
De hecho, la elaboración de los PGE suele arrancar en julio con la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Locales para informar a comunidades autónomas y ayuntamientos de los objetivos de déficit marcados, trámites que no se han llevado a cabo al hallarse España en período electoral.
Además, por el momento, el Ministerio de Hacienda no se ha planteado fijar el techo de gasto para 2024, que es el paso previo para la elaboración de los Presupuestos, ya que marca el tope que tiene que cumplir el Gobierno para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Prórroga automática
Los Presupuestos tienen carácter anual y, por ello, deben ser presentados cada año y deben ser aprobados cada año. En caso contrario, se prorrogaría de forma automática el Presupuesto vigente. España experimentaría así la novena prórroga presupuestaria desde la llegada de la democracia.
La figura de la prórroga se caracteriza por tres principios básicos: su aprobación es automática; su vigencia se extiende hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos; y establece ciertas limitaciones en las políticas de gasto e ingresos del Estado.
Según la normativa, si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del 31 de diciembre, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de unos nuevos.
Pero no todas las partidas son prorrogables. La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo. Por ejemplo, una partida destinada a la construcción de una carretera cuya obra culminó en 2023 o a un certamen que ya se celebró no serían prorrogables. Tampoco son prorrogables las inversiones, en cuanto gastos de capital, de forma que no se podrán acometer nuevos proyectos, y el margen de maniobra sobre los proyectos en marcha será reducido o nulo.
Pero la clave es que, aunque el Estado, salvo situación de emergencia, no podrá aprobar nuevos proyectos que supongan un incremento directo del gasto inicialmente previsto, la prórroga otorga cierta continuidad al gasto corriente ya comprometido. Así pues, el Gobierno podrá modificar y ampliar partidas ya existentes e incluso acomodar ciertas medidas de ingreso y gasto ya anunciadas o previstas mediante la aprobación de decretos-ley que, posteriormente, tendrán que ser validados en el Congreso, siempre y cuando alegue razones de "urgencia y necesidad".
En este sentido, es habitual que antes del 1 de enero los gobiernos aprueben un "decreto de prórroga" para incorporar a las cuentas las medidas que considere más urgentes o necesarias ejecutar en el siguiente ejercicio. Y, ya en prórroga, también pueden aprobar decretos específicos que comporten ciertos compromisos de gasto e ingresos.
Sueldos públicos
Así pues, el Gobierno en funciones de Sánchez podrá cumplir la subida de sueldos públicos acordada con los sindicatos, y que para 2024 contempla un incremento mínimo del 2%.
Pensiones y desempleo
También podrá subir las pensiones, vinculadas nuevamente por ley a la inflación. La subida se aplicará el 1 de enero, con o sin Presupuestos, en función de cómo haya evolucionado el IPC durante 2023. Y lo mismo sucede con las prestaciones de desempleo.
Medidas anticrisis
Las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis derivada de la invasión de Ucrania, donde se incluyen ayudas específicas y determinadas rebajas fiscales, también se pueden prorrogar vía decreto.
Impuestos
En materia tributaria, el Gobierno también puede modificar los impuestos vigentes por decreto ley. Para aprobar nuevos impuestos, por el contrario, requeriría una nueva ley específica.
Entregas a cuenta
Igualmente, puede transferir a CCAA y ayuntamientos los recursos que establece el sistema de financiación para que estas administraciones puedan elaborar sus propios presupuestos, con independencia de la situación de prórroga presupuestaria del Estado.
Objetivos de déficit
La prórroga presupuestaria no exime del cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda que marque la UE de cara a 2024.
Fondos europeos
Los proyectos financiados con fondos europeos no resultarán afectados por la prórroga, de modo que su ejecución se mantendrá.