Las acciones de EiDF caían un 41,1% a las 9.30 horas de este martes, hasta los 5,26 euros, después de que ayer, en su regreso al parqué tras cuatro meses y medio de suspensión, se desplomaran un 70%. Aun así, continúan cuatro veces por encima del precio al que cerraron el primer día de cotización hace dos años.
En concreto, los títulos del grupo especializado en autoconsumo fotovoltaico cerraron ayer la sesión a un precio de 8,93 euros por acción, lo que supone un descenso del 69,99% con respecto a los 29,76 euros por título en los que vio detenida la compañía su cotización cuando fue suspendida en abril por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En la mañana de este martes, las acciones de EiDF, que cotizan en el BME Growth, abrían al alza, aunque poco después volvían a retomar la senda de caídas.
Polémica con la CNMV
Pero ¿por qué ha entrado en desgracia EIDF? Muy sencillo, una discrepancia entre la compañía y el regulador aa cuenta de dos informes, uno de contabilidad de PwC, al que alude siempre la compañía un infomre Forensic de Deloitte, del que la CNMV pedía a la compañía que publicara por completo para que los accionistas tuvieran la información.
En esta discrepancia, la CNMV, ha llegado a verter sobre la compañía la sospecha de ocultar información e, incluso, de utilizar información falsa en sus datos contables. Aquella acusación vino acompañada de una suspensión de cotización.
La CNMV acordó la semana pasada levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la compañía después de que EIDF pusiera a disposición del público información suficiente respecto a las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión.
El pasado jueves, la CNMV hizo público un requerimiento que remitió a la compañía el pasado 21 de agosto en el que le comunicaba que la información que presentó la empresa en su momento, con sus cuentas reformuladas después de más de cuatro meses suspendida de cotización, era incompleta y podía "inducir a confusión al público".
En este escrito, el organismo presidido por Rodrigo Buenaventura advertía a la empresa dirigida por Fernando Romero de que el informe forensic de Deloitte incluía un relato de hechos y evidencias "de gran trascendencia" para los accionistas de EiDF.
De ellos, destacaba las evidencias de "posible falseamiento de documentos por parte de la compañía, dada su especial relevancia". En relación con ello, añadía que PwC, el auditor de las cuentas del grupo, había tenido en cuenta este forensic en su trabajo, "que se ha materializado entre otros aspectos, en una limitación al alcance de su opinión de auditoría, dadas las debilidades de control interno identificadas en el forensic en estas materias".
Hace dos semanas, EiDF presentó sus cuentas reformuladas correspondientes al ejercicio 2022. El grupo, debido a las discrepancias con PwC, no pudo presentar sus cuentas del pasado ejercicio dentro del plazo legal, que expiraba a finales de ese mes de abril, y contrató, posteriormente, los servicios de Deloitte para llevar a cabo "una investigación tendente a analizar y a recabar evidencias relativas a incidencias y/o discrepancias" mantenidas con PwC en el proceso de auditoría de sus cuentas del año pasado.
Tras la presentación de estas cuentas, la CNMV apremió, en un escrito de requerimiento, a EiDF para que, "lo antes posible" y no más tarde de las 8.00 horas del pasado 24 de agosto, publicara la información adicional solicitada y el contenido íntegro del resumen ejecutivo del informe forensic.
La compañía no atendió la petición de la CNMV en plazo, por lo que el supervisor procedió a realizar un requerimiento de información adicional.
"Creado, modificado o falseado documentos"
En concreto, la información requerida por la CNMV versaba sobre hechos como que en el informe se hablaba de que "en algunas de las actividades y operaciones con terceros analizadas se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos".
Asimismo, se señalaba que todos los deudores incluidos en el alcance del forensic presentaban "una vinculación directa e indirecta con Fernando Romero, el máximo accionista del grupo, y que, según el informe, "se identifican numerosas incidencias relativas, entre otras cuestiones, a facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados, así como a la falsificación de documentos".
En este sentido, refiriéndose al informe forensic, advierte de que algún deudor "habría emitido facturas que no se corresponderían con servicios efectivamente prestados, por lo que podrían tratarse de facturas falsas".
Igualmente, la CNMV solicitaba información respecto a posibles discrepancias entre costes registrados en contabilidad y el grado de avance real de la obra recogidas en el informe.