Navarra es, en estos momentos, la comunidad más representativa de la dependencia del PSOE de los separatistas y proetarras. Allí ostenta la presidencia regional la socialista María Chivite, la persona seleccionada por Pedro Sánchez y su secretario de organización en el PSOE, Santos Cerdán. Un informe de la Cámara de Comptos de Navarra acaba de retratar la realidad de ese tipo de gobiernos: las subvenciones nominativas –que nacen ya con el receptor destinado sin posibilidad de concurrencia de nadie más– se han disparado un 338% durante el último mandato.
El gasto total en subvenciones ha crecido en más de 320 millones; la principal vía de inyección de gasto son las enmiendas negociadas en el Parlamento foral; y las grandes triunfadoras, las entidades "sin ánimo de lucro".
La Cámara de fiscalización del gasto ha retratado la sangría del separatismo, alentada por los gobiernos socialistas para mantenerse en el poder. Y ha emitido la siguiente afirmación: "Partiendo del carácter restrictivo que debiera presidir en el régimen de concesión directa de subvenciones, no consideramos razonable el crecimiento tan significativo del número de partidas nominativas de subvenciones, principalmente las que tienen origen en el proceso de enmiendas parlamentarias, dado que serían susceptibles de concesión por el procedimiento de concurrencia competitiva, respetando los principios de objetividad, igualdad, publicidad y concurrencia".
Traducido: el organismo considera totalmente injustificado el derroche en exigencias de los aliados del PSOE. Y no es para menos. "Conforme establece el art. 17.1 de la LFS el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva salvo que, en casos debidamente justificados se autorice el régimen de evaluación individualizada". Pero, lo cierto es que, "atendiendo al carácter excepcional del régimen de concesión directa de subvenciones, es especialmente significativo el aumento en un 163 por ciento en el número de partidas nominativas de subvenciones, al pasar de 158 partidas en 2019 a 416 en el ejercicio 2022".
Es más, "este incremento ha supuesto un aumento en el gasto de subvenciones nominativas del 37 por ciento". Y, por si fuera poco, "se observa que el mayor crecimiento se produce en las partidas nominativas con origen en las enmiendas parlamentarias, al haberse incrementado en 186 partidas, un 338 por ciento, frente al aumento de 72 partidas, un 70 por ciento en las partidas propuestas por el Gobierno de Navarra en su proyecto de presupuestos".
Los principales beneficiarios de las subvenciones nominativas son "entidades locales y entidades sin ánimo de lucro", donde el peso del separatismo y los proetarras es obvio y creciente. El incremento de estas partidas nominativas, además, "se produce en el proceso de debate de las enmiendas parlamentarias".
"Hemos analizado seis departamentos de los que se han revisado distintas unidades gestoras con un volumen de gasto en subvenciones nominativas de 58,98 millones correspondientes a 409 partidas nominativas", señala el informe. Y del muestreo realizado, se desprende que, "al menos en un 76 por ciento de las partidas nominativas existe coincidencia del objeto de las subvenciones nominativas con el de las ayudas previstas en determinadas convocatorias anuales en régimen de concurrencia competitiva, así como coincidencia, al menos parcial, con el objeto de la financiación a las entidades locales previsto en el Plan de Inversiones Locales". Traducido: no hay justificación para desgajar ayudas individualizadas salvo la obvia: el pago de alianzas políticas.
Para colmo, "en las enmiendas parlamentarias aprobadas al proyecto de Ley Foral de Presupuestos, no consta suficiente justificación para acudir al régimen excepcional de concesión dado que, de las mismas, no se desprende ninguna necesidad especial o diferenciada de las finalidades que pretenden atender las convocatorias anuales revisadas".
Y, por todo ello, el informe señala que no es "razonable el crecimiento tan significativo del número de partidas nominativas de subvenciones, principalmente las que tienen origen en el proceso de enmiendas parlamentarias" y esta tendencia "creciente, puede ir en detrimento de los principios de planificación, dirección y control de la gestión pública que corresponde a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra".
Pero, como resulta obvio, el criterio de racionalidad es otro: el pago de lo apoyos políticos. Y, en el caso de Navarra, eso ha supuesto más de 320 millones adicionales a los pactados ya en los Presupuestos.