A pesar de que en un primer momento, tras los atentados cometidos por Hamás el pasado fin de semana contra la población israelí, la UE anunció que suspendería todas las ayudas concedidas a los palestinos, la Comisión Europea, finalmente, dio marcha atrás y se limitó a señalar que revisarán dichos fondos para garantizar que no acaban en manos de organizaciones terroristas.
Sin embargo, según la información que maneja Israel, parte de esa financiación termina sirviendo a la "causa palestina" que abandera el terrorismo islamista. En 2019, un minucioso informe del Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia Pública de Israel evidenciaba la conexión existente entre algunas ONGs y los terroristas palestinos.
En ese estudio se señalaba, entre otros, al Comité Nacional Palestino de BDS (CNPBDS), entre cuyas organizaciones figuraban las Fuerzas Islámicas Nacionales Palestinas (FINP), que a su vez incluía otras organizaciones como Hamás o el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y la Yihad Islámica, calificadas como terroristas por multitud de países, incluida la UE. O el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), una organización con presencia en Europa y cuyos miembros mantenían vínculos con Hamás.
Pero desde entonces el número de ONGs que han sido declaradas terroristas por Israel ha seguido creciendo. En 2021, el Gobierno israelí señaló a otras seis ONGs palestinas por sus vínculos con el FPLP: Defensa de los Niños Internacional-Palestina (DCI-P), la Unión de Comisiones de Trabajo Agrícola (UAWC), Al-Haq, Addameer, Unión de Comisiones de Mujeres Palestinas (UPWC) y Centro Bisan de Investigación y Desarrollo. Un año antes, en 2020, también incluyó en su lista negra al Comité de Trabajo en Salud (CTH).
Pese a ello, tanto la UE como otros gobiernos donantes, ONGs e incluso la ONU se han negado a respaldar la acusación de Israel, de modo que pueden seguir recibiendo fondos públicos para sus actividades. Un reciente informe de NGO-Monitor, que se dedica a analizar la actividad de las organizaciones no gubernamentales en Israel y en los territorios palestinos, aporta datos que vinculan a las citadas ONGs y sus líderes con el FPLP.
El estudio en cuestión demuestra, entre otras cosas, que el FPLP ha emitido declaraciones de apoyo a las ONGs que han sido calificadas como terroristas por Israel. Asimismo, al menos tres miembros de estas organizaciones han sido acusados por su presunta participación en un atentado en 2019 que mató a un adolescente israelí. Y todos ellos han sido reclamados por el FPLP como miembros del grupo terrorista. Otros nueve fueron condenados por su participación en la planificación o ejecución de otros ataques terroristas. Y 37 adicionales han estado afiliados al FPLP.
Asimismo, cinco entidades financieras (Citibank, Arab Bank, American Express, Visa y Mastercard) suspendieron las donaciones y las cuentas de las ONGs vinculadas al FPLP. El pasado año, Holanda identificó a 34 personas que ocuparon cargos tanto en una de estas ONG, la UAWC, como en el FPLP entre 2007 y 2020.
Según indica NGO-Monitor, el hecho de afiliarse a una organización terrorista es ya razón suficiente para que la UE no preste apoyo a una entidad. Según admite la Presidencia de la Comisión Europea, "las normas [de la UE] hacen que la participación de entidades, individuos o grupos afiliados, vinculados o que apoyen a organizaciones terroristas sea incompatible con cualquier financiación de la UE".
De manera similar, en una carta enviada por Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea, a varios eurodiputados en junio de 2020, se indica que "se han introducido cláusulas específicas en los acuerdos de subvención que obligan a todos los beneficiarios que gestionan fondos de la UE a abstenerse de participar en incitaciones a la violencia o al odio".
Igualmente, en el informe de gestión del Presupuesto General de la UE de 2020 aprobado el pasado año, el Parlamento Europeo solicita a la Comisión que "verifique minuciosamente el uso de fondos de la Unión por parte de terceras entidades, sus afiliados y/o personas físicas para garantizar que ningún fondo se asigne o vincule a ninguna causa o forma de terrorismo y/o radicalización religiosa y política".
Pese a todo, las ONGs señaladas por Israel siguen contando con el beneplácito de la UE y muchos de sus gobiernos, de modo que no se ha suspendido la posibilidad de que reciban fondos públicos.