Impuestos, impuestos y más impuestos… Este es uno de los principales ejes estratégicos que ha desarrollado el Gobierno de PSOE y Sumar en la pasada legislatura, pero también en la próxima, en caso de que Pedro Sánchez logre revalidar su mandato con el apoyo de sus socios comunistas y separatistas.
El acuerdo programático que han alcanzado esta semana PSOE y Sumar para renovar el Gobierno de coalición es un despropósito y tendrá graves consecuencias para el conjunto de la economía nacional. Sánchez ha creado o subido más de 40 impuestos en los últimos cuatro años y ahora pretende elevar, como mínimo, otros 30 tributos.
Familias y empresas han sufrido el mayor incremento fiscal de la OCDE desde el año 2019, pero el pacto entre socialistas y comunistas recoge otro hachazo próximo a los 60.000 millones de euros en términos constantes, con el fin de que los ingresos alcancen el 46% del PIB. No hace tantos años, la presión fiscal en España rondaba el 30%.
El plan contempla, entre otras medidas, subir de nuevo el IRPF, las cotizaciones sociales, el Impuesto de Sociedades, la fiscalidad verde, la imposición indirecta, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, energía, alimentación, impuestos a la carta para bancos y eléctricas… El expolio fiscal de este Gobierno parece no tener fin y la factura la pagarán todos los españoles en forma de menos riqueza y empleo.
No por casualidad, España está descendiendo con paso acelerado hacia los peores infiernos fiscales de la OCDE. La economía nacional ocupa ya el puesto 31 del Índice Internacional de Competitividad Fiscal, a la cola de los países ricos. En 2019, ocupaba el puesto 23 del ránking. España está a un paso de engrosar la lista negra de inversores y empresas debido a su intensa asfixia fiscal, junto a otros miembros de la OCDE que exhiben una tributación abusiva, tales como México, Grecia, Italia, Colombia y Hungría.
Semejante ofensiva recaudatoria ha tenido y tendrá graves y perniciosos efectos sobre el bolsillo de las familias y la productividad de las empresas. Los españoles, ahogados por la inflación, tienen que hacer frente a una carga fiscal cada vez mayor para sostener unos servicios públicos, que, sin embargo, no dejan de empeorar. Las empresas, por su parte, se verán obligadas a subir precios o reducir su capacidad de inversión y contratación para hacer frente a estos nuevos costes.
Los únicos que ganan con esta desnortada política es el Gobierno y los socios que lo sostienen. Mientras los españoles se empobrecen, Sánchez premiará al separatismo vasco y catalán con muchos más fondos, al tiempo que los comunistas de Sumar reparten nuevas prebendas entre sus particulares chiringuitos sindicales y feministas, y el Gobierno, en su conjunto, amplía su corrupta red clientelar a base de subvenciones de todo tipo para comprar votos. España cabalga desbocada hacia el infierno fiscal.