El peronismo deja Argentina sin gasolina

Imposible repostar. Colas de kilómetros en las gasolineras para intentar llenar el depósito. Argentina sufre una grave escasez de combustible en los últimos días, algo inédito en el país, a imagen y semejanza de lo que años atrás sufrió también Venezuela. Y la raíz del problema no es otro que la intervención de precios por parte del Gobierno.

Nada nuevo bajo el sol. La dinámica siempre es similar. El gobierno de turno dispara el gasto público, genera un enorme déficit y, finalmente, opta por autofinanciarse mediante la compra de deuda pública por parte de su banco central, generando una elevada expansión monetaria que, en el última instancia, crea alta inflación.

Ante la escalada de precios y el consiguiente aumento del malestar social, los políticos culpan a las empresas y a los empresarios y es entonces cuando deciden fijar precios de forma arbitraria. Cuando los precios oficiales, llamados "justos" por el gobierno, son inferiores al precio real de mercado, automáticamente se produce una situación de escasez y desabastecimiento, ya que la venta de esos productos conlleva pérdidas.

Y llegados a ese punto, los gobiernos más ignorantes e irresponsables redoblan sus críticas hacia el sector privado, culpándoles nuevamente de la situación, amenazando con aplicar intervenciones aún más intensas e incluso, directamente, con la expropiación sin compensación por justiprecio, lo cual es un robo.

Eso es lo que sucedió en Venezuela años atrás bajo el régimen chavista, tanto en el sector de los combustibles como de la alimentación, y es justo lo que sucede ahora en Argentina. No hay gasolina en el país. Y muchos lo comparan con Venezuela.

Argentina lleva años inmersa en una profunda crisis inflacionaria bajo el Gobierno peronista de Alberto Fernández. El índice de precios al consumidor se ubicó en septiembre en el 138,3% interanual y creció 12,7 % en comparación con agosto, el mayor salto mensual desde febrero de 1991, según el último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El Gobierno peronista disparó la deuda pública del país en más de 80.000 millones de dólares desde 2019, un récord histórico, optando por la monetización (compra de deuda por parte del banco central) para financiarse, lo cual se ha traducido en una fuerte devaluación de su moneda o, lo que es lo mismo, una histórica subida de precios.

La reacción del peronismo no se hizo esperar. Con distintas variantes, Argentina viene fijando precios desde finales de 2013 para tratar de contener la inflación, cosechando un rotundo fracaso desde entonces. Pero este particular intervencionismo se ha intensificado de forma muy sustancial bajo el actual Gobierno de Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, candidato a presidente del oficialismo en las elecciones presidenciales cuya segunda vuelta tendrá lugar el próximo 19 de noviembre.

En noviembre de 2022, el Ejecutivo argentino lanzó el programa "precios justos", estableciendo límites al encarecimiento de determinados productos, tales como alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza, ropa, móviles y pequeños electrodomésticos, útiles escolares, motos y bicicletas, medicamentos y materiales para la construcción, entre otros.

La norma ofrece a las empresas que suscriban estos acuerdos de precios incentivos como la reducción y facilidades de pago de derechos de exportación, beneficios cambiarios y prórrogas en el pago de impuestos. Este programa se acaba de extender hasta final de año.

Este intervencionismo también se aplicó a los combustibles y el resultado ha sido la actual escasez que sufren los argentinos. Argentina fijó, en primer lugar, un tope máximo de subida del precio mensual de los combustibles y, posteriormente, el pasado agosto estableció el precio del petróleo en 56 dólares por barril, inferior ya entonces al precio de mercado, y muy lejos de los 90 dólares que ronda en las últimas semanas a nivel internacional.

Desde entonces, el precio oficial del combustible ha subido cerca de un 70% en el último año, mientras que la inflación ha escalado el doble, casi un 140%. El problema es que muchos productores y estaciones de servicio pierden dinero con la venta de gasolina y, por tanto, cae la oferta, mientras la demanda aumenta por los bajos precios, generando un grave desabastecimiento.

Además, el control de cambios dificulta enormemente la importación de combustible. Las empresas tienen que obtener un permiso del Gobierno para comprar productos en el exterior y obtener los dólares necesarios para pagar, pero la escasez de divisas que sufre el Banco Central de Argentina se traduce en retrasos y nuevas restricciones a la importación, agravando aún más la escasez.

La reacción del Gobierno y su responsable económico, Massa, ha sido redoblar las amenazas hacia el sector privado, en lugar de corregir su fracasada política de intervención de precios. El candidato presidencial advirtió el pasado domingo a las petroleras del país, a las que acusa de especular, que "si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un solo barco de exportación. El petróleo es primero para los argentinos". Y volvió a defender la fijación de precios, pese a ser el causante de la escasez.