El problema de la okupación sigue creciendo en España. La Plataforma de Afectados por la Okupación estima que existen más de 100.000 viviendas usurpadas en todo el país, incluyendo a los denominados inquiokupas, que inicialmente alquilan pero cuyo verdadero objetivo es dejar de pagar para quedarse gratis en el inmueble hasta que se produzca el ansiado desalojo.
Unas 100.000 familias y propietarios que se ven obligados a sufrir un calvario, tanto judicial como económico y psicológico, debido a la inoperancia y mala fe de los políticos, que dejan en la más absoluta indefensión a los afectados por este delito. Y es que los daños que sufren las víctimas de los okupas son numerosos y diversos, según expone la Guía Práctica Frente a la Ocupación Ilegal de Vivienda que acaba de lanzar la Fundación para el Avance de la Libertad.
En concreto, más de 20, empezando por el propietario, que experimenta tanto una "merma de ingresos" ante la imposibilidad de rentabilizar o usar su inmueble como un aumento sustancial de gastos, entre los que destacan, al menos, los diez siguientes:
- "Gastos normales de comunidad" (cuota mensual y posibles derramas) no compensados por la renta obtenida, que pasan a pesar sobre la economía del propietario, produciendo un grave quebranto en el caso de los pequeños tenedores.
- "Gastos especiales de comunidad", ya que la comunidad propietarios, a raíz de la okupación sufrida, podrá incrementar su seguridad con alarmas u otras medidas o podrá pleitear contra los okupas, generando derramas adicionales de las que no podrá zafarse, precisamente, el propietario víctima de la okupación.
- "Impuestos sobre la vivienda okupada", que producen el mismo perjuicio al no verse compensados por la renta obtenida. En particular, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las tasas municipales y el Impuesto sobre el Patrimonio allí donde persiste.
- "Gastos bancarios", ya que el propietario en muchos casos aún está pagando una hipoteca que, como en los gastos anteriores, no se verá compensada parcial ni totalmente por la renta obtenida, al no estar alquilado el bien inmueble.
- "Gastos de suministros" que el propietario no haya logrado suspender.
- "Gastos jurídicos" para contratar abogado y procurador, asistencia prejudicial en negociación, etcétera. Particularmente grave es la situación de algunos propietarios a quienes los tribunales han llegado a condenar en costas, debiendo pagar, encima, al abogado y al procurador de los okupas.
- "Gastos de desokupación" si decide acudir a una de las empresas que se dedican a ello.
- "Gastos de seguridad" si, debido a su enfrentamiento con okupas o con la mafia que está detrás de ellos, se ve empujado a reforzar las medidas de protección de su vivienda habitual, de otras propiedades o de su familia.
- "Gastos de restauración" de la vivienda tras la okupación fallida o la desokupación, debidos a las reformas realizadas por los okupas para ajustar el inmueble a sus gustos o necesidades, así como a la habitual acción vandálica ante el desalojo. Estos gastos pueden llegar a ser cuantiosos: nueva puerta y cerradura o blindaje, nuevas rejas o contraventanas en plantas bajas, reparación de destrozos, etcétera.
- Y "gastos médicos" de apoyo y tratamiento de la depresión u otros trastornos psicológicos derivados de la okupación, así como de tratamiento físico en caso de sufrir agresiones por enfrentamiento con los okupas o las bandas criminales que los articulan.
Daños a la propiedad
A todo ello se suma el grave "deterioro del inmueble", puesto que uno de los principales daños causados por los okupas es la destrucción física y la consiguiente devaluación de las propiedades afectadas. Además, el piso okupado sufre una "devaluación" aún más intensa si el dueño pretende deshacerse de él mientras sigue okupado. Tendrá que bajar mucho el precio de venta para conseguir comprador durante el proceso de desalojo, debido a la duración y complejidad del mismo.
De hecho, según esta guía, existen casos de okupación orquestada por mafias que, en realidad, buscan hacerse con la titularidad del bien a precio de saldo: okupan la vivienda y a continuación aparecen ante el dueño como supuestos salvadores que le ofrecen comprárselo, obviamente a un precio muy inferior al de mercado.
Otro daño importante es la "inducción de una venta claudicante". En muchos casos, el inmueble post-okupado es imposible de alquilar o debería alquilarse a un precio bajísimo por su estado de deterioro, siendo la reparación muy costosa y con frecuencia inasumible por el dueño de la vivienda. En muchos casos, el propietario se ve abocado a malvender ante el miedo a sufrir una nueva okupación o sentirse incapaz de seguir gestionando el alquiler. Así pues, sucumbirá a la tentación de deshacerse del inmueble por un precio inferior al que habría logrado en circunstancias normales.
Daños a los vecinos
Por otro lado, el vecindario también sufre las consecuencias de la okupación en cuatro ámbitos muy concretos:
- "Deterioro de la convivencia": las relaciones vecinales se resienten enormemente cuando en un bloque de pisos o en una comunidad de chalés (por ejemplo adosados) aparece el elemento externo de un grupo de okupas. Además, una gran mayoría de los okupas muestran comportamientos violentos y en las viviendas okupadas se suelen producir peleas y actividades ilícitas, como la venta de drogas.
- "Depreciación de las demás viviendas": una okupación devalúa de inmediato las restantes viviendas, sobre todo en bloques de pisos. Si hay más de una, el valor de la finca puede caer de forma muy considerable. El perjuicio para los vecinos que estén pensando en mudarse es enorme, porque se reducirá en gran medida la cantidad que puedan sacar de la venta de su actual vivienda.
- "Deterioro de las zonas comunes": los okupas no se caracterizan precisamente por el buen trato a los elementos comunes ni a las zonas de tránsito. Como, además, la finca se ha depreciado, los propietarios arrendadores e incluso algunos de los propietarios residentes serán menos favorables a invertir en la mejora de esas zonas.
- "Aumento de los gastos de comunidad": el shock producido por la primera okupación de una vivienda llevará con frecuencia a los demás propietarios a adoptar medidas para evitar otros casos, reforzando la seguridad del portal, accesos y zonas comunes. Esto, de por sí, ya genera gastos adicionales y posibles derramas. Además, durante el tiempo que permanezcan okupadas una o más viviendas de la finca, los restantes propietarios estarán expuestos a gastos como el derivado de las tomas ilegales de agua y electricidad, así como a los gastos que se deriven de los problemas de convivencia y de deterioro de las zonas comunes.
Daños a terceros
Otro tipo de daños, menos visibles, pero igualmente graves, son los daños a terceros:
- "Para los inquilinos": la lógica desconfianza de los propietarios incrementa los costes a los que tiene que hacer frente el inquilino potencial para entrar a vivir legalmente en una vivienda (más garantías y precio más alto). El clima de inseguridad perjudica al potencial inquilino honrado, mientras favorece a los delincuentes que dejan de pagar o tiran la puerta abajo.
- "Para los proveedores": las empresas proveedoras de suministros se encuentran a veces con situaciones en las que ya no pueden cobrar al propietario, pero por medidas cautelares de los juzgados tampoco pueden desatender a los okupas, con el consiguiente perjuicio para su cuenta de resultados y, por tanto, para sus accionistas y trabajadores.
- Y "para los habitantes del barrio": una finca donde hay una vivienda okupada es como una cesta con una manzana podrida, ya que el daño no se limita al bloque en cuestión. La proliferación de okupas en un barrio perjudica sensiblemente su seguridad, la convivencia y hasta el valor de los inmuebles de toda la zona afectada.
Daños a la sociedad
Por último, pero no menos importante, están los daños al conjunto de la sociedad:
- "Deterioro del derecho de propiedad": este derecho es crucial para los demás derechos y para las libertades públicas.
- "Deterioro de la seguridad jurídica y del clima de inversión": los inversores, y sobre todo los de tipo inmobiliario, se irán a otros lugares debido a la elevada inseguridad jurídica, ya que los pleitos duran años, los desalojos se obstaculizan y la propiedad no se respeta.
- Y "deterioro del atractivo turístico": en muchos casos, la okupación se produce en zonas céntricas de las ciudades, exponiendo sus efectos a los visitantes. Esto genera una mayor inseguridad, real o percibida, y, en general, perjudica al atractivo turístico.