Más de 26.000 millones de euros. Este es el agujero real que registró el sistema público de pensiones en 2022. Esta cifra hace referencia al déficit del régimen contributivo de la Seguridad Social, que excluye las prestaciones asistenciales y el subsistema de clases pasivas (en general, pensiones de aquellos funcionarios que entraron antes de 2011).
La parte contributiva del sistema se financia con las cotizaciones sociales que, mes tras mes, pagan los trabajadores y, básicamente, destina ese dinero, mes tras mes, al pago de pensiones contributivas. El saldo contributivo, la diferencia entre esos ingresos y gastos, es "el dato más relevante para conocer la salud del sistema de pensiones de la Seguridad Social", tal y como destaca un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) en colaboración con la Fundación BBVA publicado el pasado lunes.
En 2022, el déficit contributivo anual alcanzó los 26.300 millones de euros, equivalente al 1,98% del PIB. Y esto significa que España habría necesitado unos 3,8 millones de afiliados adicionales el pasado año para lograr equilibrar las cuentas de la Seguridad Social, garantizando así su sostenibilidad financiera a medio y largo plazo.
El problema es que alcanzar ese objetivo sería imposible porque el número de parados a cierre de 2022 se situó ligeramente por encima de los 3 millones, según la Encuesta de Población Activa. Es decir, aunque el paro se redujera hasta el 0%, seguirían haciendo falta cotizantes, de modo que habría que buscar unas 750.000 personas adicionales entre la población en edad de trabajar, pero inactiva (que no busca empleo),
Y esa particular dificultad tan sólo va a empeorar con el paso del tiempo, puesto que la necesidad de incorporar nuevos cotizantes al sistema para garantizar su sostenibilidad irá a más en las próximas décadas, como consecuencia del progresivo envejecimiento de la población y la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom.
Según las proyecciones demográficas oficiales que incorpora este informe, tanto del INE como de la Seguridad Social, el peso de las personas activas entre 16 y 64 años, ambos inclusive, caerá desde el 65% de la población total en 2022 hasta el 57% en 2050, mientras que la población mayor de 64 años aumentará desde el 20% en 2022 hasta el 30% del total. Y todo ello, incluyendo una llegada estimada de más de 250.000 inmigrantes al año.
Esta evolución de la población traerá consigo una elevación significativa de la dependencia demográfica, es decir, el cociente entre el número de personas mayores de 64 años y el de personas en edad de trabajar. Esta tasa de dependencia demográfica pasará del 31% en 2022 hasta el 53,7% en 2050. Asimismo, el número de afiliados por pensionista bajará de 2,24 en 2022 a tan sólo 1,35 en 2050, esto es unos 15 millones de pensiones por apenas 20,3 millones de cotizantes.
Con estas perspectivas demográficas empeora la situación financiera de un sistema de pensiones ya en situación de déficit. De este modo, si, hoy por hoy, para lograr reducir el déficit al 0% harían falta unos 3,8 millones más de afiliados a la Seguridad Social, con la evolución prevista en la demografía, en 2050 serían necesarios más de 6 millones de cotizantes adicionales para conseguir un sistema de pensiones sostenible financieramente, es decir, sin déficit.
En concreto, el escenario central del Ivie sitúa una tasa de paro del 7% y un déficit del 4% del PIB, de tal forma que en 2050 serían necesarios 6,38 millones de afiliados adicionales. Así pues, aunque los 1,58 millones de parados estimados empezaran a trabajar, seguirían haciendo falta unos 4,8 millones de cotizantes adicionales o, lo que es lo mismo, un 21,3% extra de la población activa. Así pues, "la situación de partida del sistema de pensiones es preocupante, pero las proyecciones de déficit futuro aún son peores", según concluye el estudio.