El golpe de Estado que trataron de perpetrar los independentistas –condenados por sedición, a los que ahora quiere amnistiar Sánchez- causó un grave problema a Cataluña, en particular, dentro del problema general que originó en el conjunto de España.
A la fractura social abierta por dicho golpe, hay que añadirle la económica, que constituye un torpedo en la línea de flotación de la economía regional catalana y, por ello, también en la del conjunto de España, pero especialmente en la región catalana, que vio en esos tres años cómo la inmensa mayoría de las principales del IBEX con sede social allí, la cambiaron. Dichas empresas, concentran el 30% del empleo que se genera en Cataluña, con lo que el riesgo de empobrecimiento de la región no es menor.
Recordemos algunos datos del efecto inmediato que supuso la Declaración Unilateral de Independencia (DUI):
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Nada más proclamarse la DUI, muchas empresas comenzaron a irse de Cataluña para huir del escenario de miseria que el independentismo originaría.
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Eso provocó que muchas empresas (más de 4.000, con una facturación de más de 100.000 millones de EUR) cambiasen su domicilio social y operativo.
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También las principales entidades financieras de origen catalán: Caixabank y Banco Sabadell.
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Ese proceso de la aprobación de la DUI hizo perder a la economía catalana 433 millones de euros de actividad económica en esos momentos, principalmente en el sector turístico, donde se perdieron 180.000 turistas, según Exceltur y 319 millones menos de actividad económica. El siguiente sector más perjudicado fue el textil y el pequeño comercio.
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Después, el terrorismo callejero tras la sentencia del TS, también provocó importantes mermas en la actividad económica, de manera que tuvo un impacto negativo importante en su economía, con un descenso de actividad económica de 600 millones de euros. Sólo el corte de carreteras tuvo un impacto negativo económico diario de 25 millones de euros. Por su parte, SEAT, al temer por sufrir vandalismo en su planta, dejó de producir 3.500 vehículos.
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De esa forma, sólo la inseguridad jurídica de esos primeros compases frenó la actividad económica de producción en 1.033 millones de euros, que ralentizó el PIB catalán en 457 millones de euros, con una pérdida de 8.000 empleos adicionales a la pérdida de empleo que provoque la ralentización económica.
Y ese impacto negativo ha mantenido su influencia perjudicial en el tiempo. Poniendo los números negro sobre blanco, Cataluña hace tiempo que decidió darle la espalda a la economía. Pierde inversión extranjera, pasando a representar un 14,7% del total recibido en España, frente al más del 60% que recibe Madrid en los últimos veinticinco años.
Es más, cada vez pierde más terreno. Si analizamos sólo el acumulado del presente año, 2023, el efecto compensador de los años antiguos, donde todavía no se habían extremado con los delirios independentistas -aunque siempre el nacionalismo catalán ha sometido al resto de España a un permanente chantaje-, el porcentaje de Cataluña respecto a la inversión extranjera recibida en España baja y se queda por debajo del 7%.
Eso no es más que el reflejo de lo que muestran la inmensa mayoría de los indicadores, que no es otro que el peor comportamiento de Cataluña desde 2017, habiendo perdido hace ya tiempo el liderazgo como mayor economía regional de España, lugar que ha ocupado Madrid.
Pues bien, ese declive económico, fruto de una pésima gestión, basada en un gasto público excesivo, en centrarse sólo en los deseos independentistas, como las "embajadas" y demás derroche de dinero del contribuyente, olvidando la buena gestión para los ciudadanos, lleva a Cataluña paulatinamente a la quiebra. De hecho, si no hubiese formado parte de España, habría quebrado en 2012, donde no tenía acceso a los mercados, porque su deuda era considerada como bono basura.
Es más, sigue sin tener buen acceso a los mismos: por eso, en el infame acuerdo que ha firmado el PSOE con ERC para hacerse con los votos independentistas, no sólo les regala 15.000 millones de euros con el perdón de esa parte de deuda, sino que, además, les deja abierta la puerta a que puedan seguir financiándose a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que los rescató en 2012. Imagino que, dentro de un tiempo, exigirán que se les siga condonando más deuda colocada a través del FLA, con lo que cada vez que Cataluña se endeude por ese instrumento, hay un alto riesgo de que esa deuda termine quedando anotada en el resto de España, no en Cataluña.
A Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los datos que ofrece el ministerio de Hacienda, de los que ahora les perdona 15.000 millones.
Si Cataluña se independizase, además del efecto negativo que tendría sobre su economía, tendría que llevarse su parte correspondiente de deuda:
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Su deuda regional, que asciende, en el IITR-2023 a 86.800 millones de euros, según el Banco de España.
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La parte proporcional a su peso en el PIB nacional de la deuda del Reino de España, descontada la deuda de las regiones. Como ese peso es un 19%, la deuda que le corresponde por el endeudamiento del Estado derivado del mayor gasto sobre ingresos en la parte extrapolable a Cataluña es de 235.865,43 millones de euros.
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En total, debería llevarse una deuda de 322.665,43 millones de euros, que llevaría la deuda catalana por encima del 120% del PIB. Es decir, pasaría del 32,4% actual al 120,44%. El anhelo independentista es no sólo que se le condone toda la deuda del FLA, cuyos 15.000 primeros millones ya se los ha perdonado Sánchez en el acuerdo, sino no llevarse ni un céntimo de deuda por el gasto que la Administración General del Estado y la Seguridad Social hacen en Cataluña para pagar el desempleo, las pensiones o las inversiones allí. Eso es lo que quieren, pero, si se van, se tienen que llevar su parte y que asuman las consecuencias de su delirio secesionista.
Y esa quiebra de Cataluña sin España se ve también en las pensiones, con casi 1,8 millones de pensiones y 2.209 millones de euros al mes en gasto en pensiones, según los datos de la Seguridad Social:
Eso hace que en Cataluña exista un claro déficit en la Seguridad Social, como podemos comprobar en el trabajo del profesor Herce para BBVA, donde en pensiones contributivas Cataluña tiene un déficit de 5.871 millones de euros en 2022, último año completo.
Por tanto, Cataluña, en solitario, es una economía quebrada, que es el camino al que la llevan los independentistas y Sánchez, en la transacción iniciada para obtener su investidura, donde les concede todo: amnistía, referéndum, mediador internacional, humillación del Estado, condonación de deuda, sistema propio de financiación y representación en los internacionales. Un delirio independentista pagado por una persona que ha estado dispuesto a dar lo que fuese necesario para comprar los votos independentistas para su investidura, pero que sólo encierra la realidad de una región que otrora fue próspera: el suicidio económico de Cataluña y su quiebra sin la pertenencia a España y su respaldo económico.