La negociación del PSOE con el resto de formaciones políticas para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha vuelto a reabrir en debate sobre la caja única de la Seguridad Social. A este respecto, entre las numerosas y variadas cesiones que los socialistas han propiciado a sus socios, destaca el acuerdo alcanzado con el PNV, donde se incluye la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo máximo de dos años.
Las pensiones públicas en España se sustentan sobre un modelo de reparto, de modo que los cotizantes actuales pagan, mes a mes, las prestaciones de los jubilados actuales a través de un sistema de caja única, con independencia de la región en la que residan. Si se rompiera esta unidad contable, de modo que los cotizantes de cada comunidad autónoma tuvieran que sufragar el coste de sus pensionistas, habría varias regiones que, directamente, no podrían asumir dicha carga desde el punto de vista financiero debido, básicamente, al intenso envejecimiento de su población.
Sin embargo, eso no es lo que ha pactado el PNV. El País Vasco asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en su territorio, pero las pensiones vascas seguirán siendo sufragadas con las cotizaciones de todos los españoles. Esta nueva transferencia, por tanto, tiene varias ventajas para el Gobierno vasco. Por un lado, garantiza la financiación de las pensiones vascas gracias a la "solidaridad" de todos los españoles. Por otro, recibirá más recursos y funcionarios, puesto que pasará a asumir una competencia que hoy por hoy desempeña el Estado. Y, además, según publica Voz Pópuli, el PNV podrá ofrecer algunas compensaciones discrecionales, a modo de paguitas, a los pensionistas vascos.
Así pues, ni siquiera el PNV se atreve a romper la caja única de la Seguridad Social. Lo cierto es que no tiene ningún interés, consciente de que supondría un serio problema para las finanzas públicas de este región. Basta observar algunos números para percatarse de que dicha ruptura sería inasumible para buena parte de las CCAA, incluyendo el País Vasco, hasta el punto de que algunas regiones serían incapaces de financiar las pensiones de sus jubilados.
Un reciente informe elaborado por el Instituto BBVA de Pensiones arroja varias conclusiones relevantes sobre esta materia. Las pensiones que se pagan en España dependen de dos factores clave: la productividad, en referencia a los salarios y, por tanto, las bases de cotización que abonan los trabajadores durante su vida laboral; y la demografía. En concreto, la llamada "tasa de soporte", que refleja el número de cotizantes por pensionista, de cuya evolución depende, en última instancia, la sostenibilidad financiera del sistema.
Las regiones más envejecidas
La "tasa de envejecimiento" en España, es decir, la proporción de población de 65 y más años en el conjunto de los residentes, ha aumentado en 9 puntos porcentuales desde 1980, pero mientras en Baleares lo ha hecho en 3,9 puntos, en Asturias lo ha hecho en 14,6 puntos, hasta alcanzar el 27,3% actual.
Las regiones más envejecidas de España, con más de un cuarto de su población con 65 o más años, son Asturias, Castilla y León y Galicia, seguidos de País Vasco y Cantabria. Las más jóvenes, por el contrario, son, además de Ceuta y Melilla, Canarias, Murcia y Baleares, donde esta tasa no llega al 16%.
Como consecuencia, la edad media de los españoles ha subido de 33,3 años en 1980 a 43,6 años en la actualidad. Pero aquí también hay diferencias por regiones: Asturias, con 48,7 años, tiene la población más envejecida, frente a Murcia (40,8) o Ceuta y Melilla (37,2).
Insostenibilidad financiera
Y el problema es que a mayor envejecimiento demográfico, menor población activa y, en general, menos cotizantes para poder cubrir el coste de las pensiones. En este sentido, la clave que determina la sostenibilidad financiera del sistema es la denominada "tasa de soporte", que mide la relación entre afiliados y pensionistas. Hoy, España cuenta con una media de 2,1 cotizantes por pensión, pero esta ratio es muy inferior en algunas CCAA:
- Las cuatro regiones del noroeste (Asturias, Galicia, Castilla y León y Cantabria) se sitúan por debajo de 1,75, con Asturias claramente por debajo de un preocupante 1,25
- Por debajo de 2, umbral que marca la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, se sitúan Extremadura, País Vasco, La Rioja y Aragón
- Por el contrario, Madrid, Ceuta y Melilla y Canarias, con cerca de 3 cotizantes por pensión, contarían con las mejores tasas de soporte
- Murcia, Baleares, Navarra y Andalucía, también estarían bien situadas, con más de 2,25
Pensiones inasumibles por CCAA
La caja única de la Seguridad Social permite que las CCAA más jóvenes financien a las más viejas. Canarias, por ejemplo, con 2,47 afiliados por pensión, financia con sus excedentes de cotizaciones las pensiones pagadas en Asturias, donde apenas hay un cotizante por pensión (1,19). Y ello, a pesar de que la pensión media de jubilación de las nuevas altas en Asturias es un 29,2% mayor que en Canarias.
Esta es la particular redistribución que realiza el modelo de reparto a nivel territorial, pero ¿qué pasaría entonces si se rompiera la caja única? El resultado es que la mitad de las regiones tendría graves problemas para financiar sus pensiones debido al acusado envejecimiento de su población.
En concreto, tal y como refleja el siguiente gráfico, descontando las transferencias que hace el Estado vía impuestos, la Seguridad Social registró el pasado año un déficit real (gastos en pensiones menos ingresos por cotizaciones) de 38.600 millones de euros, un agujero equivalente al 25,3% del gasto en pensiones contributivas.
Pero este desequilibrio, siendo sustancial a nivel estatal, resultaría inasumible a nivel autonómico. Si la caja única se rompiera y cada autonomía tuviera que pagar las pensiones con sus propios cotizantes, un total de ocho regiones tendrían un déficit real superior al 34%: Asturias (59%), Cantabria (46,9%), Galicia (44,2%), Castilla y León (41,7%), Extremadura (38,3%), País Vasco (37,1%), La Rioja (34,5%) y Aragón (34,4%).
En concreto, las cotizaciones recaudadas en Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León no alcanzarían a cubrir el 60% del gasto en pensiones; mientras que en Extremadura, País Vasco, La Rioja y Aragón no llegarían al 65%. Semejante descuadre obligaría, de una u otra forma, a realizar ajustes, incluyendo recortes en las pensiones públicas o, lo que es lo mismo, los jubilados de estas regiones dejarían de cobrar su actual nivel de prestaciones.
Las únicas autonomías con superávit en este particular balance son Ceuta y Melilla (15 millones, equivalentes al 5,7% de su gasto en pensiones), Baleares (210 millones y un saldo positivo del 7,3%) y Madrid (180 millones y 0,8%).
Por ello, el informe de BBVA destaca que "las regiones más deficitarias requieren recursos masivos procedentes del estado para afrontar el pago completo de las pensiones". Y sin caja única de la Seguridad Social habría "severos problemas para financiar el pago de las pensiones en las regiones con peor base demográfica", advierte.
"Si Castilla y León, Galicia o Asturias tuviesen sistemas de pensiones de reparto autonómicos estarían muy lejos de poseer la base demográfica que garantizase la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones debido al elevado grado de envejecimiento de su población". Y justo a continuación irían Cantabria, Extremadura, País Vasco, La Rioja y Aragón.