Ya no se trata sólo del rechazo de todas las asociaciones de jueces y fiscales, abogacía del Estado, letrados, funcionarios, etc. La condena de los pactos entre Pedro Sánchez y los separatistas y el consiguiente ataque a los jueces ha impactado en los grandes firmas legales, las mismas que tramitan buena parte de la llegada de inversiones extranjeras a España. El descrédito crece y lo hace por igual dentro y fuera de las fronteras españolas.
"Allen & Overy España manifiesta su adhesión a la Declaración Institucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid de fecha de 9 de noviembre de 2023, expresando su profunda preocupación por el riesgo de politización de la justicia. La separación de poderes, el respeto al orden constitucional y la independencia del PoderJudicial son elementos esenciales del Estado de democrático de Derecho, base de nuestra convivencia", señala una de las firmas legales más prestigiosas implantadas en España.
"Los socios de la oficina de Madrid de DLA Piper, desde la más estricta neutralidad política, queremos expresar nuestra oposición ante cualquier acto que pueda poner en riesgo la independencia judicial y la separación de poderes, pilares fundamentales del Estado de Derecho, de la convivencia democrática y de nuestra Constitución. Por ello nos adherimos a la declaración institucional de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, fechada el 9 de noviembre de 2023", han señalado en un comunicado igualmente los socios de este bufete, despacho de referencia de clientes internacionales en España.
"Los socios de White & Case en su oficina de Madrid consideramos absolutamente esencial el respeto al orden constitucional, la separación de poderes y la independencia de los Juzgados y Tribunales, como elementos configuradores de un estado democrático de derecho como es España. Por consiguiente, y desde la neutralidad política, nos adherimos a la Declaración Institucional aprobada por la Junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid con fecha 9 de noviembre de 2023". Se trata de uno más de los comunicados de rechazo a los pactos de Sánchez emitidos en los últimos días por las firmas extranjeras más prestigiosas del panorama legal español.
"Los socios de la oficina de Madrid de Squire Patton Boggs nos adherimos, desde la neutralidad política, a la Declaración Institucional de la Junta de Gobierno del Illustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes. Expresamos nuestro rechazo a cualquier inierencia o control político en la actividad de los jueces, magistrados y tribunales de justicia". Otro más.
Y todo ello se suma a la avalancha de declaraciones de entidades y asociaciones nacionales.
Toda una cascada que impacta de pleno en la imagen de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Y es que, tras una semana de manifestaciones a las puertas de la sede del PSOE, los socialistas decidieron firmar un pacto con Junts que no solo incluía la polémica Ley de amnistía, sino que abría la puerta a la aprobación de comisiones de investigación que puedan juzgar la labor de los jueces para determinar si ha habido ‘lawfare’ o, lo que es lo mismo, una persecución injustificada de los tribunales a los independentistas por sus ideas políticas.
Y, si la amnistía ya había desatado la crítica de un sinfín de organizaciones y sectores profesionales, el rechazo a esta posibilidad ha concitado una unanimidad sin precedentes en la historia de la democracia. Así, han sido numerosos los comunicados emitidos contra el golpe que Pedro Sánchez pretende asestar al Estado de Derecho por un puñado de votos: vocales conservadores y progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidentes de las audiencias provinciales, jueces decanos, asociaciones judiciales de todo signo, asociaciones de fiscales, abogados del Estado, colegios de abogados, letrados de justicia, inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo y Seguridad Social, funcionarios del Tribunal de Cuentas, secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local, empresarios, asociaciones policiales y de la Guardia Civil y hasta diplomáticos, entre otros que se siguen sumando.