Unos 15.000 millones de euros. Esta es la principal factura que se deriva del acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La cifra en cuestión corresponde a la condonación parcial de la deuda que la Generalidad acumula con el Estado, en torno al 20% de los préstamos destinados a Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), cuya cuantía total ronda los 73.000 millones.
Sin embargo, esta quita tan sólo es el principio, ya que abre la puerta a una condonación generalizada de deuda autonómica, cuya factura final puede llegar a multiplicarse por más de seis de forma directa e incluso más de forma indirecta. Es decir, esos 15.000 millones de euros concedidos a Cataluña podrían alcanzar los 90.000 millones.
Y es que el acuerdo con ERC incluye la posibilidad de extender dichas quitas al resto de comunidades autónomas de régimen común, tras introducir las reformas legales que sean necesarias para permitir una medida que, en principio, chocaría con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Eso es justo lo que está estudiando en estos momentos el Ministerio de Hacienda, al igual que el resto de gobiernos regionales, a la espera de una convocatoria oficial del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para poder abordar tanto la fórmula a aplicar como el importe concreto de la deuda a condonar.
Aunque, de momento, no hay reunión a la vista y, por tanto, se desconoce el alcance de la quita, ya es posible avanzar diversos escenarios. Lo que se descarta, en todo caso, es que la condonación afecte tan sólo a Cataluña, de modo que los 15.000 millones anunciados serán muchos más.
Las autonomías acumulan una deuda pública total de 327.000 millones de euros, una cifra equivalente al 24,3% del PIB nacional y unos 6.800 euros per cápita. Pero de esta cantidad casi 192.000 millones, más del 58% del total, son créditos procedentes del Estado (Gobierno Central).
Por un lado, se baraja la posibilidad de condonar a todas las CCAA el 20% de la deuda que mantienen con el Estado, a imagen y semejanza del acuerdo alcanzado con Cataluña. En este caso, la quita superaría los 38.000 millones de euros. Pero como no todas las autonomías han recurrido en igual medida al FLA, el reparto de la carga sería muy desigual.
La condonación beneficiaría especialmente a las regiones que tuvieron que recurrir en masa al rescate del Estado para evitar la quiebra. Y puesto que esa deuda la asumiría el Estado y, por tanto, todos los españoles -a excepción de vascos y navarros, que cuentan con un sistema foral al margen-, la diferencia entre la deuda perdonada y la asumida beneficiaría sobre todo a valencianos y catalanes, que se ahorrarían casi 1.000 euros por cabeza.
Asimismo, Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria también resultarían agraciadas, con quitas de entre 200 y 470 euros por habitante. En el lado opuesto, Madrid, que no tiene deuda con el FLA, tendría que asumir una deuda extra de casi de 850 euros per cápita, seguida de Canarias y Castilla y León.
Una segunda opción consistiría en aplicar una quita del 20% a toda la deuda autonómica, no sólo a la derivada del FLA. No en vano, el acuerdo con ERC justifica la condonación a Cataluña en base al impacto negativo del ciclo económico sobre las cuentas regionales. Y, en particular, se alude a los efectos de la crisis financiera de 2008 ante la "insuficiente respuesta europea y del Estado", pero sin dar detalles de cómo se calcularía la quita de las demás CCAA.
Que el Estado asuma el 20% de la deuda autonómica total supondría condonar más de 65.000 millones de euros, incluyendo en este caso a vascos y navarros, dado que el criterio a aplicar ya no sería el del FLA, sino el endeudamiento regional y, además, son socios del PSOE.
Aquí también habría vencedores y vencidos, puesto que las CCAA se han endeudado en mayor o menor intensidad. La ventaja de esta fórmula es que, al menos, se reduce la diferencia entre las que salen ganando y perdiendo, si bien el ranking de beneficiarios y damnificados varía. La deuda neta de catalanes y valencianos bajaría en unos 800 euros por habitante, mientras que los más perjudicados serían canarios, asturianos y andaluces.
Por último, una tercera opción, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), sería extender a todos los españoles la quita concreta que disfrutará cada uno de los catalanes. Condonar 15.000 millones a la Generalidad supondría aplicar una quita bruta de 1.980 euros a cada catalán, tomando como referencia la población ajustada (el indicador que se usa en el sistema de financiación autonómico).
Perdonar 1.980 euros de deuda autonómica a todos los españoles (unos 44 millones en términos de población ajustada) implicaría para el Estado un factura total de casi 88.000 millones de euros. Esta es la deuda que pasaría de las CCAA al Gobierno Central. Así pues, los 15.000 millones iniciales condonados a Cataluña se podrían multiplicar finalmente por seis bajo esta fórmula.
Y a ello habría que añadir los costes indirectos de semejante quita. "La condonación incondicionada de deuda recogida en el acuerdo con ERC es una pésima idea porque agravará los serios problemas de incentivos" que ya sufre la financiación autonómica, según advierte Fedea.
"A la vista de la experiencia previa, cualquier quita no sujeta a condiciones estrictas de ajuste tenderá a confirmar la percepción que ya tienen las CCAA de que pueden gastar sistemáticamente más de lo que ingresan porque al final el Estado las rescatará de una forma u otra sin coste alguno para ellas y constituye, por tanto, una invitación a la indisciplina fiscal", añade.
Pero es que, además, "esta parte del Acuerdo viene a ser un seguro gratuito contra el riesgo cíclico a la baja que eliminará cualquier tentación que pudieran tener las comunidades de ahorrar algo para los malos tiempos e incrementará también el gasto del Estado. Puestos a incentivar la irresponsabilidad fiscal, el acuerdo es difícilmente superable", concluye el organismo.
Así pues, la quita autonómica se traducirá en mayor irresponsabilidad presupuestaria. Es decir, más gasto, más déficit y más deuda que, en última instancia, se traduce en más impuestos y el pago de más intereses para el conjunto de españoles.