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El Gobierno quiere encarecer el combustible de agricultores, pescadores e industria

España trabaja en un calendario específico para reducir o eliminar las rebajas fiscales vigentes en la gasolina, el gas y el carbón.

España trabaja en un calendario específico para reducir o eliminar las rebajas fiscales vigentes en la gasolina, el gas y el carbón.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. | EFE

No será hoy ni mañana, pero será. El Gobierno de España es uno de los pocos países que se ha comprometido explícitamente a eliminar "los subsidios a combustibles fósiles", aprovechando la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP28) que se ha celebrado estos días en Dubái.

En concreto, tal y como anunció el Ministerio de Transición Ecológica el pasado sábado, España se ha sumado a otros 11 países para acabar con estos "subsidios" a medio y largo plazo, tras firmar una declaración conjunta con Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Antigua y Barbuda.

El documento en cuestión clama por una acción concreta para acabar con la financiación pública de combustibles fósiles, aunque, en realidad, se trata de reducir o eliminar las bonificaciones fiscales que se aplica al combustible destinado a determinados sectores, como es el caso de la agricultura, ganadería, pesca, industria y construcción.

Los países firmantes, entre ellos España, se comprometen a cuantificar en detalle los "subsidios" que conceden en sus respectivos países mediante la elaboración de un inventario de descuentos, bonificaciones fiscales y ayudas a estos productos, desde gasolina y diésel hasta carbón, gas y otros productos derivados del petróleo.

El objetivo es transitar hacia un marco metodológico común para poder realizar comparaciones homogéneas a nivel internacional y los primeros resultados se pretenden presentar en la próxima COP29, que tendrá lugar en Azerbaiyán en 2024. Asimismo, se trabajará conjuntamente para identificar las barreras internacionales que impiden la eliminación de dichos subsidios, con especial atención a los diferentes incentivos que se aplican a la aviación y el transporte marítimo por parte de numerosos países.

Y, por último, se comprometen a desarrollar estrategias nacionales de desactivación de los subsidios a los combustibles fósiles con un calendario específico, con el fin de contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera, aunque también se podrán tener en cuenta la eficiencia o no de dichos subsidios, así como la "pobreza energética", para graduar de algún modo su eliminación.

Esto significa, básicamente, que España empezará a trabajar en un plan con un calendario concreto para reducir o eliminar las rebajas y bonificaciones fiscales, junto a otras ayudas, que hoy por hoy disfrutan determinados sectores e incluso hogares en el uso de combustibles fósiles, dado que buena parte del precio final de estos productos son impuestos.

Es decir, en gran medida, se trata de aumentar la fiscalidad, aún más, de estas fuentes de energía. El objetivo último, al igual que ya sucedió anteriormente con la aprobación de la tributación verde o los polémicos derechos de emisión de CO2, consiste en encarecer el precio de estos combustibles para desincentivar su consumo y, de este modo, tratar de reducir las emisiones.

25.000 millones de euros en 2022

Este compromiso se suma al que ya expresó el Gobierno de Pedro Sánchez en la pasada Cumbre Internacional sobre Clima y Energía que se celebró el pasado mes de octubre en Madrid, a modo de preparatoria para la COP28. Entonces, España y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) llamaron a crear una coalición internacional para recortar progresivamente las ayudas a los combustibles fósiles.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que "se debe ser serios en considerar qué tipo de subvenciones" se conceden y en estimar "cómo se pueden reducir estos subsidios para garantizar que, en caso de que haya alguno, sea por razones sociales". Por su parte, el director de la AIE, Fatih Birol, fue más allá y abogó por la eliminación total de este tipo de subsidios porque, "si algo es más barato en la vida, lo usamos mucho más".

Asimismo, el pasado noviembre, el Parlamento Europeo recomendó, de cara a la celebración de la COP28, el fin de todos los subsidios fósiles -petróleo, gas y carbón- "lo antes posible y a más tardar en 2025", directos e indirectos y tanto en el ámbito nacional como en el de la UE.

España, con la firma de este compromiso en la COP28, da un paso más en el objetivo de encarecer buena parte de los combustibles que, hoy por hoy, gozan de algún tipo de descuento o bonificación fiscal. Y la cantidad no es menor, a la vista de los datos.

Según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), España destinó cerca de 25.000 millones de dólares en 2022 a rebajar el precio de los combustibles fósiles, casi un 25% más que en 2021, debido, en buena medida, a las ayudas temporales concedidas como consecuencia del encarecimiento de la energía. El diésel, con 16.600 millones de dólares, y el gas natural, con otros 6.600 millones, fueron los que recibieron más ayudas en forma de rebajas fiscales y costes ambientales que no se han tenido en cuenta.

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El volumen total de ayudas a nivel mundial, incluyendo bonificaciones tributarias y supuestos costes ambientales no incluidos en el precio, rondaron los 7 billones de dólares el pasado año, tras aumentar casi 2 billones desde 2020, como resultado de las medidas excepcionales puestas en marcha por los distintos gobiernos para hacer frente al encarecimiento de la energía.

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