La política de Sánchez, basada en el gasto público, las subidas de impuestos, el déficit estructural, la deuda exponencial y, sobre todo, la inseguridad jurídica, está suponiendo un freno importante a la inversión empresarial, tanto a la nacional como a la extranjera.
Unido a creciente inseguridad jurídica, con impuestos elaborados para aplicarlos a determinadas personas jurídicas -como bancos y eléctricas-, en los que, además, hay enfrentamiento entre los miembros del gobierno sobre su reforma o no -y la legislatura sólo ha empezado- hacen que cualquiera que quisiese invertir en España, se lo piense.
Se lo piensan los inversores extranjeros, porque ven a España como una economía en la que se han levantado todo tipo de barreras y donde las empresas no son bien recibidas, con lo que postponen inversiones o, simple y desgraciadamente, las anulan, buscando nuevos destinos.
Y se lo piensan los inversores nacionales, porque abrir una empresa constituye ahora mismo un riesgo añadido al propiamente inherente a la actividad empresarial. Con el riesgo propio empresarial, los empresarios están dispuestos a asumirlo, porque es parte de su vida; con el riesgo sobrevenido por decisiones populistas y caprichosas, no.
Esa inseguridad jurídica se ve claramente acrecentada por los pactos llevados a cabo por el Gobierno para lograr el apoyo a la investidura, pues la condonación de deuda a Cataluña, el establecimiento de un sistema fiscal exclusivo para la región catalana y la promesa que sobrevuela el horizonte de un referéndum para la independencia de Cataluña, amenaza con la unidad de mercado.
Todo ello, introduce incertidumbre, que es una de las peores cosas que pueden suceder en la economía, porque los agentes económicos, ante esta indefinición suelen optar por la prudencia y aplazar inversiones o deslocalizarlas, con el impacto negativo que tiene sobre la actividad económica y el empleo.
Además, se produce en un contexto de elevado gasto público y creciente déficit estructural -al empezar a ralentizarse los ingresos pasajeros derivados de la inflación- y todas esas medidas de gasto prometidas por el presidente Sánchez deteriorarán más el saldo presupuestario y acumularán más deuda, presionando más hacia el desequilibrio, de manera que encarecerán los intereses de la deuda -en un escenario de tipos de interés altos, como el actual-, que hará que drene recursos de otras partidas esenciales o que, simplemente, incremente más el déficit, y vuelta a empezar.
Esto, los mercados lo pagan. El economista Carmelo Tajadura observó recientemente la evolución de los bonos a diez años de España, Portugal y Grecia entre el inicio del mandato de Sánchez y la actualidad y el panorama no puede ser más desolador. Repitiendo ese ejercicio que hizo el Sr. Tajadura y ampliándolo a Italia, podemos observar lo siguiente:
El uno de junio de 2018, la rentabilidad del bono español a diez años era del 1,45%; la del portugués, el 1,89%; la del italiano, el 2,74%; y la del griego, el 4,47%. Es decir, frente a todos ellos, el bono español tenía que pagar una menor rentabilidad por un producto similar.
Si ahora observamos los mismos bonos en el momento actual (tomado a mediados de diciembre, el 15-12-2023), el bono español ofrece una rentabilidad del 3,01%; el portugués, del 2,76%; el italiano, del 3,73%; y el griego, del 3,11%.
Es decir, aunque la rentabilidad ha subido en todos fruto de las decisiones de política monetaria que elevaban los tipos -menos en el caso griego, en el que sus medidas económicas han dotado de mayor credibilidad a su economía, el caso español es el que peor ha evolucionado, fruto de la desconfianza de los mercados.
Así, el bono español, con un incremento de su rentabilidad en 156 puntos básicos, sufre un incremento porcentual de la misma del 107,59%, mientras que Portugal se queda en 46,03% (con una subida de 87 puntos básicos); Italia en un 36,13% (un incremento de 99 puntos básicos); y en Grecia la rentabilidad disminuye 136 puntos básicos, un 30,43%.
De esa manera, hemos pasado de una situación en el que los bonos a diez años portugués, italiano y griego tenían un diferencial de mayor rentabilidad frente al bono español del mismo plazo, que indicaba una mayor confianza en la economía española, a una situación, tras este quinquenio de Sánchez, en el que Portugal puede ofrecer menos rentabilidad que España; Italia ha acortado distancias; y Grecia prácticamente se ha puesto a la par que España, como podemos observar en el siguiente gráfico:
Esto es fruto de la política económica equivocada del Gobierno, sólo preocupado en su bienestar e intereses en lugar de preocuparse por el bienestar de los ciudadanos y de la economía. Con su incremento de gasto, aumento de impuestos, elevación de déficit y deuda e inseguridad jurídica, ahuyenta inversiones y dificulta la actividad económica, perjudicando la creación de puestos de trabajo, dejando muy maltrecha a la economía española, que hace que el horizonte se presente muy difícil.