El "Grupo Plurinacional Sumar" acaba de presentar un texto que puede suponer todo un desvío de fondos de cooperación con destino a los países del Grupo de Puebla -la organización de apoyo y exportación del comunismo en la que se integran Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil o Bolivia y, por parte española, José Luis Rodríguez Zapatero, Adriana Lastra o, como apoyo decidido en el ataque por el lawfare, Baltasar Garzón, o, como nuevo invitado, el propio Pedro Sánchez-.
El texto del partido de Yolanda Díaz pretende comprometer al Gobierno para no aceptar un Acuerdo de Asociación UE-Mercosur estrictamente comercial -lo que más puede desear ahora la Argentina de Javier Milei para salir a flote- y derivarlo a un acuerdo de cooperación política -lo que más pueden desear los países que no esperan elevar sus sistemas productivos sino vivir del envío de ayudas de cooperación-. Y justo en Mercosur están los mayoría de los citados países. No se encuentra Cuba, pero mantiene unas relaciones muy buenas con todos los citados, con lo que podría beneficiar de forma indirecta de los fondos llegados.
Sumar, además, quiere ampliar el objeto del acuerdo: "En primer lugar, separar la parte comercial de su marco más amplio de cooperación política contradice el mandato de negociación que recibió la Comisión Europea por parte del Consejo en 1999, y sería una señal lamentable de que la UE prioriza sus intereses económicos sobre la cooperación y el diálogo político con los países del Mercosur" destaca el partido de Yolanda Díaz.
Y es que ampliar el acuerdo a la mera colaboración supondría abrir las puertas a un riego de dinero aún más elevado y descontrolado. "Además, los análisis jurídicos indican que este procedimiento constituye una desviación de lo previsto por el Consejo de la UE para el acuerdo UE-Mercosur, según el cual las concesiones comerciales deben enmarcarse en un acuerdo político más amplio", insiste Sumar en su petición a su propio Gobierno. "De hecho, la intención al iniciar las negociaciones entre la UE y los estados del Mercosur era estrechar la cooperación no solo económica sino, sobre todo, política", indica la formación de Yolanda Díaz en un redactado que parece más propio de los propios países que esperan recibir los fondos.
Sumar añade una segunda indicación: "El acuerdo comercial no contiene ninguna referencia a los derechos humanos ni recoge la cláusula que permitiría la suspensión del acuerdo comercial en caso de violaciones graves de los derechos humanos, puesto que ambas forman parte del diálogo político, no del pilar comercial. En este sentido, separar la parte comercial de la parte más amplia relativa a la cooperación y al diálogo político significaría la entrada en vigor de la liberalización comercial sin ninguna condicionalidad en materia de derecho humanos". Lo más llamativo es que Sumar indica los "derechos humanos" como un activo de los países del Grupo de Puebla. Y es que los señala como un déficit de la UE: "La política comercial de la UE nunca debe socavar los derechos humanos, los derechos laborales, la protección ambiental y el bienestar de los animales, y este acuerdo fracasaría en este sentido".
Sumar hace una última referencia a España: "El informe «Efectos sobre la economía española del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea», elaborado por la UGT resulta definitivo para sostener profundas dudas acerca de las bondades para la economía y empleo español de la firma del acuerdo tal y como ahora está planteado". Así, "para analizar el potencial efecto del acuerdo comercial, este informe estudia la situación general del sector exterior en España y los vínculos comerciales que existen con los países que componen el Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia)". Según Sumar, "el análisis muestra que existe un claro patrón por el que la economía española adquiere bienes primarios (como los productos agrícolas), que tienen un marcado déficit comercial, por lo que el impacto económico de la firma provisional que se plantea sería sin duda negativo, ya que incrementaría dicho déficit y reduciría la producción y el empleo en el sector agrario y en la industria de la alimentación". Y lo dice tras haber llenado de costes ecologistas, sociales y fiscales a esos sectores en España.
Por todo ello, Sumar pretende que el Gobierno "adopte las medidas necesarias para paralizar la entrada en vigor provisional del pilar comercial del Acuerdo UE-Mercosur" sin la parte política y de mera colaboración con fondos con destino a esos países. Y exige "adoptar las medidas necesarias para conseguir que el Acuerdo UE-Mercosur sea aprobado en su conjunto —partes comerciales y de diálogo político conjuntamente—, por unanimidad, por los Estados miembros de la UE en el Consejo, por mayoría en el Parlamento Europeo, así como por todos los parlamentos pertinentes a nivel nacional, previo desarrollo de un nuevo proceso negociador en el que se sitúen como puntos centrales la protección de los derechos humanos; la defensa del empleo, las industrias y de unas condiciones laborales dignas a ambos lados del Atlántico; la protección del medio ambiente en los términos del Pacto Verde Europeo, la prevención del dumping fiscal y la seguridad alimentaria; y el papel esencial de los agentes sociales españoles y sus homólogos europeos y del Mercosur en el desarrollo del proceso de negociación".