El Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz arranca el nuevo año con el firme objetivo de volver a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI), y poco o nada importa que se alcance o no un acuerdo con patronal y sindicatos. El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, avanzó ayer a la CEOE que si no acepta un nuevo aumento del 4%, acordará con los sindicatos una subida "más ambiciosa" para 2024, de modo que el alza se podría situar, como mínimo, en el 5%.
De este modo, el SMI pasaría de 1.080 euros al mes en 2023 a un total de 1.135 euros en 2024, marcando así un nuevo máximo histórico, ya que equivaldría al 61% del salario promedio neto de jornada completa. El problema de fijar los sueldos de forma arbitraria por ley, al igual que sucede con cualquier otro precio, es que genera graves distorsiones si no se ajusta a la reglas del mercado.
En el caso de los sueldos, estos vienen determinados por la productividad. A mayor productividad, sueldos más altos, y al revés. En el caso de España, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha protagonizado uno de los mayores aumentos del SMI de los países desarrollados, al tiempo que ha sufrido la mayor caída de la productividad. Como consecuencia, la subida del SMI se está traduciendo en una sustancial destrucción de empleo, afectando especialmente a los sectores menos productivos: pymes, colectivos más vulnerables y las regiones más pobres de España. Así pues, la nueva subida del SMI tendrá consecuencias negativas.
Desde 2018, el SMI se ha incrementado un 46,8%, desde 707,7 euros mensuales hasta los 1.080 en 2023. Y podría alcanzar el 52,6% si el Gobierno aprueba un nuevo alza del 5% en 2024, hasta los 1.135 euros. Con este incremento, el SMI supondría el 61% del salario promedio neto de jornada completa, un nuevo máximo histórico, tal y como revela un reciente informe de Cepyme.
Descontada la inflación, España es el segundo país de la OCDE donde más aumentó el SMI en términos reales, casi 30 puntos porcentuales, tan sólo superado por Lituania. El incremento de 30,2% de España es 2,5 veces mayor que el aumento medio de las economías ricas; el doble que Alemania, Portugal y Corea del Sur; tres veces más que Japón y Australia; y hasta seis veces más que Canadá, Francia o Reino Unido.
La productividad, sin embargo, ha caído en el mismo período. De hecho, España ha sido el país de la OCDE donde peor ha evolucionado la productividad (PIB por ocupado) entre 2018 y 2023, con una caída de 3,8%, frente al aumento medio del 4,6% del resto de países ricos.
Como consecuencia, España se sitúa entre los países de la UE cuyo coste total del salario mínimo, incluyendo cotizaciones, es mayor en relación con la productividad, con un 30,2%, tan sólo superado por Francia y muy por encima de la media de la media comunitaria (20,6%). Es decir, la economía nacional tiene el segundo SMI más costoso de la UE.
Destrucción de empleo
Desvincular el crecimiento de los salarios de la evolución de la productividad es contraproducente. Y es que, cuando los sueldos crecen más que la productividad, aumenta el coste laboral por unidad producida y eso se traduce en precios más altos, pérdida de competitividad y menos contratación e inversión.
Así pues, en última instancia, se traduce en destrucción de empleo. Según Cepyme, "el alza del SMI producida desde 2018 ha impactado negativamente en la creación de empleo en las tareas elementales. Un impacto que se puede cifrar en la no creación de hasta 163.0000 puestos de trabajo. Esta situación es especialmente preocupante en un país que tiene la mayor tasa de desempleo en Europa".
Y el mayor impacto recae en los sectores menos productivos, como es el caso de las pymes, los jóvenes y los colectivos menos cualificados, y las regiones menos ricas de España. Dado que la productividad de las pequeñas empresas es menos de la mitad que la de las de más de 250 trabajadores, tienen un margen mucho más reducido para poder repercutir el aumento de los costes salariales en el precio final de sus productos. Un nuevo incremento situaría el SMI, en términos netos, en el 70% de la remuneración media de las pymes.
A nivel territorial, el SMI se aproximaría a los salarios medios de muchas comunidades autónomas. En concreto, un salario mínimo de 1.135 euros dejaría a 13 comunidades con un SMI superior al 60% del salario medio. Destaca Extremadura, donde el SMI supondría el 72,8% del salario medio autonómico, seguida de Canarias (68,5%) y Murcia (67,4%).
El SMI también superaría el 60% del sueldo medio en un total de 38 provincias, empezando por Ávila (78,7%), Zamora (77,3%) y Badajoz (75,8%).
Y en 26 provincias ese mismo SMI equivaldría a más del 75% del sueldo medio de sus pymes, lo cual dificulta mucho más la contratación.