La inseguridad jurídica tiene un alto precio a nivel económico. La incertidumbre que ha generado la Ley de Amnistía que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer borrón y cuenta nueva a los condenados por el procés se está traduciendo en un menor volumen de inversión en España, tanto de los empresarios españoles como de los extranjeros.
Coincidiendo con la intervención de Sánchez en Davos del pasado miércoles, donde trató de exhibir la fortaleza de la economía española para vender confianza, especialmente entre las grandes multinacionales que ya operan en el país, el Financial Times publicaba un artículo destacando la fuga de capitales como consecuencia, precisamente, del grave deterioro institucional.
El acuerdo entre el PSOE y Junts para investir a Sánchez como presidente "ha sido recibido con feroces críticas por parte de sectores de la élite empresarial del país, que han calificado la amnistía como una estratagema cínica que socava el Estado de Derecho y crea una inquietante sensación de incertidumbre que puede ahuyentar a los inversores", según destaca el periódico británico. Según el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, "el 99,9% de los empresarios españoles" no está de acuerdo con la amnistía y Sánchez está creando un clima que daña la imagen exterior de España,
A ello se suma, además, la amenaza de que las 8.000 empresas que salieron de Cataluña tras el referéndum ilegal de 2017 reciban algún tipo de penalización para forzar su regreso, tal y como se deja entrever en el reciente pacto alcanzado entre los socialistas y sus socios separatistas para sacar adelante dos decretos la pasada semana en el Congreso.
"Es ridículo", según Carlos Artal, director general de la sucursal española de Ayming, una consultoría empresarial con sede en París. "La ley europea permite la libre circulación de personas, empresas y mercancías. Va en contra de la ley europea".
Aunque, al menos por el momento, se ha aparcado la posibilidad de sancionar a estas compañías, el Gobierno ha avanzado que podría ofrecer algún tipo de incentivo fiscal para alentar el regreso de estas empresas a Cataluña, lo cual, en todo caso, también genera grandes dudas jurídicas. Y no sólo a nivel nacional, al premiar a unas empresas frente a otras en función de su sede fiscal, sino a nivel europeo, ya que tales incentivos podrían ser calificados como "ayudas de Estado" por parte de las autoridades comunitarias.
La cuestión es que estos y otros episodios acrecientan enormemente la sensación de inseguridad jurídica en España. "Lo que está pasando es que hoy hay leyes [y] reglas, pero mañana podrían cambiar", según Artal.
Los pobres datos de la inversión empresarial en España son una excepción en Europa. No se puede hablar, por tanto, de un deterioro generalizado de la inversión en el continente. pic.twitter.com/V0STAD4ZxS
— Javier Jorrín (@jgjorrin) January 11, 2024
Y esto se traduce en menos proyectos. En concreto, la inversión empresarial cae en España desde 2019, según datos publicados por El Confidencial. Y la llegada de capital extranjero se ha desplomado un 23% interanual en los nueve primeros meses del pasado año, hasta los 18.300 millones de euros, unos 5.500 millones menos que en el mismo período de 2022.