Un informe concluye que las más de 200.000 regulaciones aprobadas por las comunidades autónomas a lo largo de los años han tenido un efecto directo en la actividad económica, reduciendo los niveles de empleo y de emprendimiento. Los autores de la investigación recalcan que el daño es mayor para las nuevas empresas y para las firmas de menor tamaño, lo que complica la renovación del tejido productivo al crear costosas estructuras normativas que son más digeribles para aquellos operadores que ya están en el mercado.
El estudio lleva la firma de Juan S. Mora-Sanguinettti, Javier Quintana, Isabel Soler y Rok Spruk. Publicado en el Journal of Regulatory Economics, abarca un total de 206.777 nuevas normas aprobadas entre los años 1995 y 2020. El siguiente gráfico muestra la tendencia al alza de nuevas regulaciones de aplicación sectorial: si a mediados de los 90 se introducían unas 5.000 disposiciones al año, desde hace más de quince años se han venido aprobando entre 8.000 y 10.000 regulaciones por ejercicio, con picos de más de 12.000 en el año 2020.
Este ingente volumen de normas aprobadas se reparte de forma heterogénea y golpea sobremanera a la agricultura, la construcción, los servicios profesionales, la energía y el agua o los servicios financieros. También destaca la carga regulatoria de los servicios recreativos, la madera y el papel, la hospitalidad, el transporte y otras industrias manufactureras. A continuación figuran la minería, la metalurgia y los equipamientos eléctricos, seguidos del equipamiento del transporte y los servicios de comercio. Después nos topamos con los químicos, los alimentos, los plásticos, el textil, el petróleo, las actividades inmobiliarias, la maquinaria y la información. Eso sí: muchos de estos sectores están regulados por otras capas de las Administraciones, de modo que esta no es una foto completa, sino simplemente un reflejo de sus obligaciones regionales.
Por territorios, el clima regulatorio menos oneroso en términos de aprobación de nuevas leyes y normas se da en Cantabria (con un promedio de 309 nuevas disposiciones por año entre 1995 y 2020), seguida de La Rioja (318), País Vasco (363), Baleares (367), Madrid (391) y Navarra (392). En cambio, los peores resultados son para Cataluña (772) y Andalucía (682). Lo vemos en el siguiente gráfico.
El estudio pone de manifiesto que un aumento del 10% en el número de regulaciones aplicables reduce en un 0,3% los niveles de paro, porcentaje que sube al 0,5% entre las empresas de menos de diez trabajadores. De igual forma, se observa una relación significativa entre una mayor regulación y un menor número de empresas, especialmente porque el número de nuevas compañías creadas se reduce allí donde hay más carga normativa.