La reforma constitucional que acaban de aprobar PSOE y PP en el Congreso para sustituir el término "disminuido" va mucho más allá del simple cambio de una palabra, ya que incluye una coletilla que blindará la discriminación hacia los hombres, con todo lo que ello supone desde el punto jurídico en cuanto al reconocimiento de derechos, atención sanitaria, empleo o concesión de ayudas y prestaciones.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el voto en contra de Vox, la reforma del artículo 49 de la Constitución que sustituye el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad" y la remite al Senado para su aprobación definitiva. Tras la votación en la Cámara Baja -312 a favor y 32 en contra-, la iniciativa impulsada por el PP y el PSOE pasa a la Cámara Alta sin incorporar ninguna enmienda y podría aprobarse en un pleno extraordinario esta misma semana.
Se trata de la primera reforma social de la Carta Magna, que requería ser aprobada por una mayoría de tres quintos de los diputados, y que reclamaban desde hace 20 años las entidades de la discapacidad, bajo el argumento de que "las palabras importan", dado que el término "disminuido" les parecía despectivo.
Hasta ahora, según la Real Academia Española (RAE), las palabras "discapacitado", "minusválido" y "disminuido" eran sinónimos. En concreto, la definición vigente de "disminuido" se refiere a una persona "que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal"; mientras que "discapacitado" se define como alguien "que no puede realizar ciertas actividades debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas". Sin embargo, tras la reforma constitucional, la RAE ya ha avanzado que evaluará "con urgencia" una posible corrección en el diccionario para que ambas palabras dejen de ser, oficialmente, sinónimos.
Pero si las palabras importan, mucho más las que se introducen en la Constitución, como es el caso de esta reforma. Y es que el cambio anunciado no sólo consiste en una mera modificación formal para evitar que las personas con una discapacidad física o mental se sientan minusvalorados, sino que el texto propuesto supone una vulneración expresa de un derecho fundamental recogido en la propia Constitución, en su artículo 14, referido a la igualdad ante la ley: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
El nuevo artículo 49, a diferencia del aprobado originalmente en la Constitución del 78, incluye el siguiente añadido: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".
Según los juristas, ese "atender particularmente" las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad supone una expresa discriminación positiva hacia la mujer y, por tanto, una discriminación pura y dura hacia los hombres, incluidos los propios niños a los que esta reforma, en teoría, pretende defender especialmente, puesto que, una vez que alcancen la mayoría de edad, no serán iguales ante la ley por una mera razón de sexo.
Y ello a pesar de que una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que el 44% de los hombres y el 32% de las mujeres afirman que "ahora se está discriminando a los hombres" con leyes específicas derivadas de la ideología de género. Una percepción muy relevante de discriminación por razón de sexo, pero que se produce antes incluso de este cambio constitucional.
Según esta reforma, las mujeres con discapacidad se merecen un mejor trato que los hombres y, por tanto, los hombres con discapacidad son, del algún modo, menos que las mujeres. En lugar de atender las necesidades de cada persona en función de la gravedad de la dolencia o su situación particular, con independencia del si es hombre o mujer, se diferencia en función del sexo. Y semejante discriminación ataca también, directamente, a los niños y jóvenes, puesto que en algún momento alcanzarán la mayoría de edad.
España cuenta con cerca de 4,4 millones de personas discapacitadas, siendo el 41% hombres y el 59% mujeres, según la Encuesta de Discapacidad del INE de 2020. Esta diferencia, sin embargo, se debe a que las mujeres viven más años de media que los varones, fallecen más tarde y, por tanto, al registrar una edad más avanzada, también sufren mayores problemas de esta naturaleza. Pero, en edades más tempranas, la mayoría de discapacitados son varones. En concreto, el 66% de los discapacitados menores de 16 años son varones y el 34% restante son chicas.
Además, no sólo son mayoría, sino que, de media, están peor, ya que hay 2,5 niños por cada niña con dos limitaciones distintas y hasta 7 niños por cada niña con tres limitaciones, tal y como denuncia la Fundación Renacimiento Demográfico.
Tanto es así que algunas madres con niños discapacitados han empezado a mostrar su frontal rechazo a esta reforma constitucional.
Mini hilo de madre reflexionando:
— Carmela Niembro (@CarmelaNiembro) January 21, 2024
Como los más cercanos ya sabéis, tengo un hijo discapacitado. En la Constitución se hablaba de los disminuidos y se acaba de cambiar el término. Dicen que es un gran avance pero yo miro a mi hijo y no veo cambio alguno. Ya sé que para
Ahora queda por ver qué hará el Senado, dado que el texto llegará al Pleno de la Cámara Alta el próximo jueves. No obstante, la ley no entrará en vigor hasta que no pasen 15 días desde su aprobación en el Senado, que es el plazo que se abre por si un 10% de la Cámara pide que la reforma se someta a referéndum, algo que previsiblemente no ocurrirá tras el pacto alcanzado por el PP y el PSOE. Asimismo, la Mesa del Senado se reunirá mañana para analizar las enmiendas que puedan registrarse a esta reforma constitucional.