Tal y como la Plataforma de Afectados por la Ocupación denunció hace unos días en el Parlamento Europeo, la inmensa mayoría de los propietarios afectados por la inquiokupación en España no son bancos ni grandes fondos de inversión, sino familias trabajadoras, parejas hipotecadas, ciudadanos que han migrado a otras provincias por la crisis o personas mayores que arriendan su vivienda para complementar su pensión.
En este último grupo precisamente se encuentra Francisco, un jubilado de 75 años que hace más de tres decidió alquilar la casa que había heredado de sus padres en Málaga para poder afrontar mejor esta última etapa de su vida junto a su mujer, quien no cobra subsidio alguno por parte del Estado. Tras mucho pensarlo, se inclinó por esta opción, porque consideró que era la única forma de mantener aquel piso al que tantos recuerdos le unían y, al mismo tiempo, obtener un pequeño complemento con el que llegar a fin de mes. Lo que jamás imaginaron estos ancianos es que la señora a la que se lo alquilaron -y que a priori parecía tener las mejores credenciales- se acabaría convirtiendo en su peor pesadilla.
Después de muchos retrasos y 10 meses sin cobrar ni un solo euro, Francisco ha peregrinado desesperado por todas las administraciones para constatar que ninguna de ellas es capaz de ver la realidad: que los realmente vulnerables son ellos y que es tremendamente injusto que, a pesar de su delicada situación, el Estado les obligue a mantener a su inquiokupa. "Es vergonzoso que utilicen a unos ancianos de 75 años como escudo social", dice su hijo. Aunque lo peor es la respuesta que han recibido del Defensor del Pueblo. "Han dejado por escrito que el derecho a la propiedad privada en España está, de facto, abolido", denuncia Francisco, a quien la rabia y la impotencia le consumen día a día.
Hecha la ley, hecha la trampa
Su particular calvario empezó en septiembre de 2021. Tras decidirse a alquilar la casa que había heredado de sus padres, recurrió a una inmobiliaria. La suerte -que luego sería su desgracia- quiso que una de las trabajadoras se interesara por el piso, así que aquel mismo día cerró el contrato. La confianza que le inspiraba el hecho de que su inquilina fuera una mujer que trabajaba en el sector y que, además, contaba con contrato indefinido pronto se esfumó.
"Desde el primer momento empezó a retrasarse con los pagos, así que le dimos un tiempo prudencial y luego recurrimos al seguro", explica su hijo Alejandro. Lo primero fue enviarle un burofax: "Su única respuesta fue decir que la estábamos acosando, así que cortamos cualquier comunicación con ella por miedo a que nos denunciara". Tras comprobar que efectivamente la habían despedido de la inmobiliaria, supuestamente por ser una persona "muy conflictiva", los propietarios decidieron poner el caso en manos de los tribunales.
Ni por asomo se imaginaban el callejón sin salida en el que se estaban metiendo: "Cuando ordenan el desahucio, ella alega vulnerabilidad y el juzgado le da diez días para acreditarlo. Al cabo de los meses, nos llega un auto en el que el juez dice que no lo ha acreditado con los documentos que se exigen y que, por tanto, archiva la pieza y el proceso continúa, pero entonces ella vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad y vuelta a empezar".
Por segunda vez, la ya inquiokupa no lo acredita y el juez vuelve a archivarlo, tal y como consta la documentación a la que ha tenido acceso Libre Mercado. "La legislación es maligna, porque permite jugar con la picaresca e invocar esa vulnerabilidad indefinidamente", lamenta Francisco, que no termina de ver la luz al final del túnel. Su hijo lo explica con los papeles en mano: "Ahora estamos a la espera de que se fije una fecha para el juicio, pero el propio juez advierte de que, en cualquier momento, la parte demandada puede volver a lo mismo y otra vez que se paraliza todo". De hecho, eso es algo que se le recuerda a la demandada en varias ocasiones a lo largo del auto.
La respuesta del Defensor del Pueblo
En estos momentos, ya son 10 los meses que llevan sin cobrar ni un solo euro. "Y encima le tenemos que pagar el agua", apunta desesperado. En todo este tiempo, Francisco y Alejandro han recurrido a todas las instancias a su alcance. En primer lugar, al Ayuntamiento de Málaga, donde ambas partes se sometieron a una intermediación: "Le ofrecieron ayudas y no las aceptó". Después, a la sede del PSOE, responsable del polémico decreto antidesahucios. Y, por si fuera poco, al Defensor del Pueblo, cuya respuesta, asegura el propietario, "da miedo".
"La medida responde a una finalidad social –la protección de las personas en situación de vulnerabilidad–, que incide de forma mínima y temporal sobre la posesión o capacidad de disposición, incidencia que además podrá ser objeto de compensación económica", despacha el asunto el equipo del exministro socialista Ángel Gabilondo.
"¿Cómo que incide de forma mínima? ¿Le parece poco que unos jubilados que alquilan su vivienda para complementar su pensión lleven diez meses sin recibir ni un euro?", se pregunta indignado Alejandro, recordando, además, que "lo de la compensación económica es mentira". Tal y como él mismo explica, "para recibirla necesitas un auto de un juez que diga que tu inquiokupa es vulnerable y que, por tanto, es la administración la que se tiene que hacer cargo de él. Sin embargo, si nunca lo acreditan, ese auto no existe y, por tanto, tú no puedes recibir nada durante los dos o tres años que tardes en echarle legalmente".
Ancianos como escudo social
Con todo, lo que esta familia no entiende es cómo es posible que el Gobierno derive su responsabilidad que en pequeños propietarios que, en muchas ocasiones no son más que pensionistas que necesitan el dinero para salir adelante. "Es vergonzoso que utilicen a unos ancianos de 75 años como escudo social y estamos hablando de que, además de lo que están dejando de percibir, están teniendo que hacer frente a 170 euros al mes de comunidad, más el IBI, más el seguro de esa vivienda", denuncia Alejandro. Su madre, también toma la palabra: "Yo no tengo pensión ninguna y tengo que tomar pastillas para dormir porque todo este asunto no me deja descansar".
Su padre intenta que no le afecte emocionalmente, pero reconoce que es imposible. "En mi caso, además, tiene una carga emocional muy grande, porque yo vi lo que lucharon mis padres para comprar ese piso. De hecho, la hipoteca la terminé pagando yo con mi primer sueldo, porque ellos ya no podían. Es decir, que esa casa tiene una historia de mucho esfuerzo detrás y allí he vivido mi juventud y la vida y la muerte de mis padres, y eso pesa mucho".
Su desesperación ante un Gobierno que elude su responsabilidad de encontrar una alternativa habitacional a quien de verdad considere vulnerable es más que palpable: "Es un despropósito, un sin sentido". Y lo peor, insiste, es la facilidad con la que se reconoce abiertamente la vulneración de derechos fundamentales, dice en referencia a la carta del Defensor del Pueblo en la que ya no habla de la "posesión" de una vivienda, sino de la "capacidad de disposición". "Han dejado por escrito que el derecho a la propiedad privada en España está, de facto, abolido. Es una vergüenza".