El Gobierno ha sacado del cajón la Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación antes de final de año está vinculada a la recepción de los fondos europeos. Aunque no se incluyen medidas como los peajes en las autopistas o la anunciada prohibición de vuelos cortos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros que durante la tramitación parlamentaria podrá incorporar modificaciones.
Entre las medidas más llamativas está la obligatoriedad de que las instituciones públicas y empresas cuenten con un Plan de Movilidad Sostenible "en el plazo de 24 meses" desde la entrada en vigor de la ley. Las empresas afectadas serán las que cuenten con más de 500 trabajadores "o 250 por turno".
Según la ley recién aprobada, los planes de movilidad sostenible podrán incluir medidas como "el impulso de la movilidad activa", "el transporte colectivo", el teletrabajo "en los casos en que sea posible", "la movilidad de cero emisiones" y "soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa". Además de contar con un plan, las empresas deberán elaborar un informe de seguimiento "sobre el nivel de implantación" del mismo, que deberán repetir "cada dos años".
Preguntado por este asunto tras el Consejo de Ministros, Puente descartó reticencias en las empresas a acatar estos planes y apuntó que ya se están haciendo por "entre otras razones, conveniencia económica". "Yo vengo de una ciudad con una gran empresa de automóviles como Renault que desarrolló un plan de movilidad sostenible, entre otras cosas porque gracias a ese plan tenía unas bonificaciones muy importantes en el Impuesto de Actividades Económicas", dijo apuntando que las obligaciones "son muy razonables y yo creo que tremendamente beneficiosas para las propias empresas".
Cobrar por circular
Entre las muchas medidas que incluye la ley, también está el "fomento de la ciudad de proximidad", término que alude al tan comentado concepto de las ciudades de 15 minutos. Señala la norma que las administraciones deberán avanzar "hacia ciudades con menor impacto ambiental y mejor calidad de vida", minimizando "el número de desplazamientos habituales" y que "se acorte su longitud, disminuyendo los impactos ambientales y favoreciendo así el uso racional del territorio y los desarrollos urbanos sostenibles".
En la norma se apunta, además, que las administraciones tendrán que promover un reparto equilibrado del espacio urbano "entre la movilidad motorizada y no motorizada" y avanzar en una "extensión generalizada del calmado del tráfico en las vías urbanas". Se impulsará la bicicleta y también "el fomento de la movilidad activa a pie en contraposición al estilo de vida sedentario, con la atención preferente a las y los peatones, facilitando itinerarios continuos y trayectos a pie en condiciones de seguridad y comodidad, que hagan de la movilidad activa la opción más sencilla y atractiva".
En este objetivo de una ciudad sostenible, la norma abre la puerta a que las ciudades puedan cobrar por acceder al centro: se aprobará una "habilitación legal" para que "los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las Zonas de Bajas Emisiones", a imagen de las tarifas que se aplican en ciudades como Londres, con su Congestion Charge.
Más carriles bici
La norma, que significativamente sólo menciona al coche en tres ocasiones en sus más de cien páginas, también persigue el fomento de los carriles bici: señala que las grandes ciudades tendrán que analizar su "necesidad y viabilidad" en vías con tres carriles o más de circulación por sentido "y otras vías que lo permitan".
Apunta que lo mismo deberá hacerse en todos los municipios "en aquellas calles con dos o más carriles de circulación por sentido", en las que se deberá analizar la "conveniencia" de incluir "una vía ciclista o para otros vehículos de movilidad personal".
Al presentar la norma desde Moncloa, Puente cargó contra los municipios que ofrecen "resistencia" a los carriles bici o dan "marcha atrás", algo que, dijo, "no ocurre en ningún país de la Unión Europea". "Estamos observando una cierta rebelión", llegó a decir. Aseguró que está pasando en ciudades como Valencia, Logroño, Elche y Valladolid y apuntó que la causa "tiene un nombre, se llama introducir a la extrema derecha negacionista en los gobiernos", en alusión a los pactos PP-Vox. "Los pulmones de los ciudadanos son los mismos, no tienen color político y se benefician de un aire limpio todos por igual", añadió.